lunes, 10 de octubre de 2022
Entre los puntos del proyecto estaría la posibilidad de entablar diálogos con grupos delictivos y darles un estatus político para la negociación
Tras una extensa jornada de votación de preposiciones, las comisiones primeras tanto del Senado como de la Cámara de Representantes aprobaron la Ley 418, más conocida como la 'ley de orden público', que fue creada en 1997 y se busca sea prolongada para facultar al gobierno a adelantar negociaciones de paz con grupos criminales que tengan estatus político, como el ELN.
Este es uno de los proyectos clave que adelanta el gobierno del presidente, Gustavo Petro, en el marco de lo que ha planteado como la 'Paz Total', pues abre la puerta a los diálogos. La normativa, entre otras cosas, permite hacer efectivo el acercamiento para el sometimiento de estructuras del crimen organizado.
La ponencia indica que con esta prolongación de la norma, será posible "adelantar diálogos, negociaciones y firmar acuerdos con voceros y miembros de grupos organizados al margen de la ley".
El ministro del Interior, Alfonso Prada, quien ha estado al frente de los proyectos referentes a la 'Paz Total' del gobierno señaló que en la iniciativa "se recoge buena parte de las experiencias de los procesos de paz que nos pueden servir mucho para avanzar en la propuesta del gobierno".
#ComisiónI_Conjuntas | Se concluye la sesión de la @PrimeraSenado y la @ComisionPrimera luego de la aprobación del Proyecto de Ley 181/2022 Senado - 160/2022 Cámara.
Se convoca para el próximo martes 18 de octubre.
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— Senado de la República 🇨🇴 (@SenadoGovCo) October 10, 2022
El texto que fue aprobado en primer debate y que ahora tendrá un segundo capítulo en las plenarias, expone que será el gobierno nacional el que dictamine los términos de sometimiento con el objetivo de "pacificar los territorios" y su cumplimiento será evaluado por las instancias nacionales e internacionales que se designen para tal fin.
En otro de los puntos, y tal como había sucedido con los altos mandos de la guerrilla del ELN, la prolongación de esta normativa permite que las órdenes de captura en contra de los representantes de los grupos armados sean suspendidos con el fin de garantizar un óptimo desarrollo de las negociaciones.
Por otra parte, el documento indica que se crearán nuevas regiones de paz en los municipios donde operan los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), así como los municipios que hayan tenido mayores afectaciones debido a las situaciones del conflicto armado. Este sería un primer peldaño para priorizar la inversión y crear el servicio social, siendo este un complemento del servicio militar obligatorio, el cual, afirmó Prada, será "un servicio militar social, pues los jóvenes podrán escoger entre uno u otro".
La decisión final del Congreso en sus comisiones primeras también representó tanto voces de apoyo como posiciones en contra. Por una parte, el senador, Ariel Ávila, señaló que "nosotros no podemos estar condenados a vivir en medio de la violencia. Siempre podemos buscar el desarrollo de la paz en este país".
La senadora de la oposición, Paloma Valenciaa, señaló que dentro de las negociaciones, los grupos delictivos no pueden ser tratados como actores políticos. "Deben ser tratados como delincuentes, ya no pueden ser tratados como delincuentes políticos", sostuvo.
Respecto a las disidencias de las Farc, la senadora del Centro Democrático aseveró que el proyecto se trata de una burla con los miembros de las Farc que si cumplieron el acuerdo. "Firmaron e incumplieron y ahora vuelven a recibir todos los beneficios", agregó.
Así, el proyecto llegará a las plenarias con un voto de confianza para que sea ley de la República por parte de la mayoría de los integrantes de las comisiones primeras, quienes, a pesar de algunos estar en contra, dieron luz verde para seguir con el proyecto.
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