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Judicial

Laura Sarabia ahora responderá por un tercer delito dentro del caso Marelbys Meza

En la audiencia de imputación de este lunes 14 de septiembre, la Fiscalía sumará a los cargos por abuso de función pública y constreñimiento ilegal agravado el de peculado

13 de septiembre de 2026

Sara Ibañez Pita


Laura Sarabia, exjefa de gabinete de Gustavo Petro
@CancilleriaCol
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La Fiscalía General de la Nación llevará este lunes 14 de septiembre un tercer delito a la audiencia de imputación contra Laura Sarabia, exjefa de gabinete, exdirectora del Dapre y exembajadora ante el Reino Unido, dentro del caso de su exempleada, Marelbys Meza. A los cargos por abuso de función pública y constreñimiento ilegal agravado, que el ente acusador ya había solicitado formalizar desde el 1 de septiembre, se sumará ahora el de peculado.

La decisión llega después de que fracasó un último intento de acuerdo entre la Fiscalía y la defensa de Sarabia, que buscaba resolver el caso antes de la diligencia que está programada para las 9:00 a.m. en el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao, en Bogotá, y que será el escenario en el que se conozca oficialmente el alcance de los tres cargos y la argumentación del ente acusador para incorporar el delito de peculado.

La inclusión de este cargo no es nueva en el expediente. De hecho, en etapas previas de la investigación ya se había contemplado conductas como el empleo ilegal de la fuerza pública y el peculado por uso; debido a que la representación de las víctimas había insistido en que la Fiscalía debía incorporarlo en el caso por ser uno de los delitos de mayor gravedad.

Antes de este desenlace, la defensa de la exfuncionaria exploró más de una salida para evitar el juicio: primero, habló de un proceso de justicia restaurativa con Meza, y luego, de un eventual acuerdo con la Fiscalía. Sin embargo, ninguna de esas conversaciones impidió que la imputación siguiera su curso.

Cabe recordar que el caso se remonta a enero de 2023, cuando Sarabia denunció la desaparición de dinero en efectivo y documentos de su apartamento, donde Meza trabajaba como niñera de su hijo. La entonces jefa de gabinete sostuvo que el hecho debía tratarse como un asunto de seguridad nacional, pues entre lo extraviado había documentación vinculada a la seguridad del expresidente Gustavo Petro.

No obstante, el proceso legal en contra de Sarabia nació a raiz de que el 30 de enero de ese año, Meza fue trasladada desde su residencia en Soacha hasta la Casa Galán, sede de inteligencia ubicada frente a la Casa de Nariño, para someterla a una prueba de polígrafo sin que existiera una orden judicial que respaldara el procedimiento.

A su vez, se conoció que, tras el polígrafo, agentes de seguridad asignados a Sarabia solicitaron a la Fiscalía interceptar los teléfonos de Meza y de otra empleada, a quienes vincularon falsamente con el Clan del Golfo para justificar la medida, lo que abrió una segunda línea de investigación por interceptaciones ilegales.

Esto último dio paso a otros procesos legales paralelos; entre los que destaca el del coronel Carlos Alberto Feria, entonces jefe de la Oficina de Protección Presidencial, quien fue acusado por los mismos tres delitos: peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal, por haber dispuesto el traslado de Meza hasta la Casa Galán.

Por la vía de las interceptaciones, el capitán Óscar Leandro Mujica, entonces jefe del grupo de hurtos a residencias de la Sijín en Bogotá, obtuvo la aprobación de un principio de oportunidad a cambio de rendir testimonio en varios de estos procesos. El acuerdo suspendió por 12 meses la investigación en su contra por violación ilícita de comunicaciones, aunque no afectó el proceso que enfrenta por fraude procesal, falsedad ideológica y falsedad material.

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