Cancillería prepararía contrato con Thomas Greg & Sons para producción de pasaportes
Para mediados de septiembre de este año fue cuando la Cancillería declaró la urgencia manifiesta para poder garantizar la continuidad en la expedición de pasaportes
27 de octubre de 2026
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La Cancillería prepararía un contrato por 13 meses con Thomas Greg & Sons por $240.000 millones para la producción de pasaportes en el país. Este contrato se realizaría mediante la figura de urgencia manifiesta y con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación.
"La Entidad solicitó cotización a Thomas Greg & Sons de Colombia, empresa que prestó el servicio hasta el 31 de julio de 2026 y que cuenta en el país con la planta de producción y personalización en operación, con personal capacitado y proveedores de insumos ya vinculados. La propuesta se presentó junto con Thales DIS Colombia bajo la Unión Temporal Documentos de Viaje 2027", indicaron desde la Cancillería.
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Para mediados de septiembre de este año fue cuando la Cancillería declaró la urgencia manifiesta para poder garantizar la continuidad en la expedición de pasaportes, y con esto, evitar interrupciones en el suministro, personalización, custodia y distribución de las libretas, así como de las etiquetas de visa colombiana.
Para ese momento, el Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que el servicio de expedición de pasaportes continuaba con normalidad tanto en Colombia como en el exterior. Las oficinas expedidoras y los consulados mantenían la atención habitual, mientras que las citas previamente programadas continuaban vigentes y no requerían ningún trámite adicional.
Contraloría hará seguimiento a contratación de emergencia para garantizar pasaportes
Esta decisión se tomó en cumplimiento de una orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que el pasado 2 de septiembre suspendió provisionalmente la ejecución de los instrumentos relacionados con el nuevo modelo de pasaportes y ordenó adoptar medidas para garantizar la continuidad del servicio.
La Cancillería explicó para ese momento que la urgencia manifiesta, prevista en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993, permite adoptar medidas contractuales excepcionales cuando se requiere una actuación inmediata para evitar la interrupción de un servicio.
Contraloría realizó seguimiento
Para el momento que se declaró la urgencia, la Contraloría General de la República anunció que iba a realizar seguimiento y el respectivo control fiscal a la contratación derivada por dicha urgencia. El organismo de control revisaría los precios, los plazos y la capacidad del contratista, además de verificar que los recursos públicos destinados a atender la emergencia sean utilizados con cumplimiento de la ley.
El seguimiento también comprendía la revisión de la necesidad de los bienes y servicios contratados, así como la idoneidad del contratista. La Contraloría verificaría además la autonomía de la contratación frente a los instrumentos que fueron suspendidos judicialmente.
El organismo de control señaló que la respuesta contractual de emergencia debería atender exclusivamente las necesidades indispensables para evitar la interrupción del servicio y respetar las decisiones judiciales vigentes.
Cancillería había suscrito contrato con la Imprenta Nacional
Para febrero de este año, el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional formalizaron el contrato interadministrativo número CI-005-2026, el cual tenía como objeto la producción, personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes.
El valor total del contrato se fijó en $185.374 millones. Esta suma incluye el Impuesto al Valor Agregado, así como otras tasas, contribuciones y costos directos o indirectos. Los pagos se realizarán mediante mensualidades vencidas, previa aprobación del Programa Anual Mensualizado de Caja.
El sustento jurídico de este convenio se basa en las facultades conferidas al Ministerio de Relaciones Exteriores para administrar el servicio exterior y expedir documentos de identidad. La normativa vigente permite al Fondo Rotatorio celebrar actos y contratos necesarios para atender las necesidades de la entidad. La Secretaría General motivó la contratación directa basándose en estudios previos que definieron las condiciones de cooperación.
La Imprenta Nacional actuará como contratista encargada de la infraestructura para la expedición de los documentos. El proceso contempla que el supervisor del contrato certifique la prestación efectiva de los servicios antes de proceder con los desembolsos económicos.
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