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Vanessa Pérez Díaz - vperez@larepublica.com.co miércoles, 21 de julio de 2021

Varias corporaciones aseguran que por la pandemia no se ha podido trabajar el período de tres años fijado para este organismo

Ante la Corte Constitucional se presentó una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1 y 24 del Decreto 588 de 2017, que establecen un periodo de tres años de funcionamiento para la Comisión de la Verdad.

Bajo el argumento de que es necesario compensar los retrasos generados por la pandemia del covid-19, los responsables de esta demanda son la Corporación Personas con Capacidades Diversas (Percadi), la Asociación de Víctimas Unidas de Granada (Asovida) y la Red Colombiana de Lugares de Memoria, con el apoyo del Programa Paiis de la Universidad de los Andes y Dejusticia.

"La imposibilidad de viajar a los territorios donde se vivió el conflicto armado ha perjudicado el cumplimiento de los cuatro objetivos de esta institución creada por el Acuerdo Final de Paz: el esclarecimiento, el reconocimiento, la convivencia y la no repetición. De no resarcirlos, se estaría incumpliendo con el acuerdo de Paz”, indicaron las organizaciones.

La demanda fue admitida por la Corte, corporación que tendrá que analizar los argumentos de las entidades, quienes aseguran que estos tres años de trabajo de la Comisión.

La principal explicación que dan las corporaciones es que la Comisión de la Verdad solo ha funcionado un año, tres meses y 14 días en condiciones de normalidad (40% de su periodo).

Y agregaron: "El resto del tiempo, si bien no han suspendido las actividades, sí han tenido que trasladarse a la virtualidad y reducir el contacto directo con las comunidades".

Según reseñó Colprensa, los demandantes aseguran que si el periodo de tres años se mantiene como establece el Decreto y termina en noviembre de 2021, se estaría incumpliendo el derecho de las víctimas a la verdad y la no repetición. Indicaron que la pandemia ha dificultado la recolección de información, por cuanto hay zonas rurales en donde ocurrieron hechos graves de conflicto, que no tienen acceso a internet y hay zonas como las cárceles donde ha sido imposible recoger los testimonios.

“A algunas personas del municipio (Granada, Antioquia) se les propuso dar un testimonio de manera virtual y no lo quisieron hacer porque no sienten confianza. Si ya es duro dar un testimonio frente a frente, imagínese por un celular que no tiene alma”, explicó Gloria Elcy Ramírez, una de las demandantes y representante de Asovida.

Edgar Bermúdez, representante de Percadi, indicó: “Si queremos cumplir el mandato de que las víctimas somos el centro, como se dijo en los acuerdos de La Habana, la Corte Constitucional debería contemplar esta demanda para que la Comisión pueda hacer un informe contundente, enriquecido por todas las víctimas del conflicto”.

El Consejo de Estado ya emitió un concepto hace pocos días sobre este tema en el cual "bajo el argumento de que el periodo de tres años contemplado por el Decreto 588 no tuvo en cuenta el tiempo que necesita la Comisión de la Verdad para socializar el informe final con la ciudadanía, ni el tiempo necesario para liquidar correctamente la institución", precisó Colprensa.

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