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martes, 2 de noviembre de 2021
Entre las afectaciones por las declaraciones del mandatario local, la compañía citó la caída del precio de su acción en la Bolsa de Valores de Colombia
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Ante la Fiscalía General de la Nación, el abogado Fabio Humar, actuando en calidad de apoderado de Conconcreto, radicó una denuncia contra el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por la conducta de pánico económica, tipificada en el artículo 302 del Código Penal.
La empresa, cabe recordar, está vinculada al proyecto de construcción de la Hidroeléctrica de Ituango (Hidroituango), a través del consorcio CCC Ituango (CCC Ituango), conformado por Construções e Comercio Camargo Correa S.A., Coninsa Ramón H. S.A. y constructora Conconcreto S.A., en calidad de subcontratistas de Empresas Públicas de Medellín (EPM).
La denuncia tiene origen en una entrevista que dio Quintero, en la que afirmó que el proceso de reorganización en el que entraron Coninsa Ramón H. y Conconcreto tras el fallo en primera instancia de la Contraloría, por las fallas en la construcción de la hidroeléctrica, podría ser una “estrategia” para evadir el pago al ente de control fiscal. Además, dijo que los contratistas bajaron la calidad de los materiales, y comparó a Conconcreto con el grupo Nule que, dice la denuncia, son “confesos delincuentes de cuello blanco”.
Humar recordó que el fallo de la Contraloría, que aún no está en firme, no dice que los contratistas hubieran bajado la calidad de los materiales, no menciona la corrupción como causa y hace reiteradas menciones a la responsabilidad de EPM en los resultados de lo ocurrido.
Además, señala que las declaraciones en las que Quintero “indica, de forma irresponsable, que los culpables de lo ocurrido en Hidroituango son los actos de corrupción de los contratistas, produjeron graves afectaciones económicas a las empresas que conforman el consorcio”, entre ellas la caída de la acción de Conconcreto, “cuyo valor, el 14 de octubre de 2021 era de $330, y tras las declaraciones del alcalde de Medellín, decreció hasta llegar a un valor de $271,2”, por la pérdida de confianza de los accionistas e inversionistas.
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