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Santiago José Castro miércoles, 11 de abril de 2012

Si bien las funciones del Congreso de la República en Colombia podrían sintetizarse en aprobar o reformar las leyes, reformar la Constitución y ejercer el control político, esta última será siempre su razón de ser, a pesar de ser el ‘órgano legislativo’ del Estado.

La idea de tener un órgano representativo con quién acordar la legislación estaba encaminada precisamente a garantizar que las partes asumieran un papel frente a la misma, es decir de ejecución y control, en tanto habían participado en el debate. De allí que el poder de veto y de objeción de alguna manera se entienda como un desacuerdo previo antes de tener que gobernar de acuerdo con aquello que va a ser aprobado.

Aclaro lo anterior, pues veo que hay una gran esperanza en la reforma a la justicia, el marco para la paz, la reglamentación de las leyes de restitución de tierras y de víctimas, etc.; como si en este país no fuera suficientemente evidente que en la Constitución y en la ley casi siempre han estado los mejores propósitos y un hermoso ideal de sociedad que, no obstante, el ciudadano del común no vive. Hace una década Brian Crisp, por ejemplo, identificaba que a pesar de la 'reforma política' que se logra con la Constitución de 1991, el reconocimiento y confianza de los colombianos en su sistema político seguía siendo mínima. Y es que lo que no se pude hacer es pensar que la solución a tantos problemas que enfrenta hoy Colombia está en nuevos proyectos de reforma y en nuevas y 'mejores leyes', sin comprender que hay dinámicas y reglas del juego informales, que en últimas hoy tienen más peso y están mejor preparadas para adaptarse a los cambios políticos y legales que se promuevan.Por otra parte, pedirle al Congreso que se concentre en la aprobación de la agenda legislativa y que evite ejercer el control político a la gestión del gobierno, en aras de garantizar que la primera no sufra demoras es nada más ni menos que negar la democracia y convertirlo en un órgano de refrendación.

Cualquier inversionista sabe hoy que lo mejor es buscar escenarios donde la separación de poderes, acompañada de amplios márgenes de gobernabilidad generados en sistemas democráticos que promueven coaliciones de gobierno, es la mejor opción, contrario a lo que en su momento había hecho curso de buscar estar siempre con quien estaba en el poder ejecutivo sin más. La única forma de garantizar un escenario propicio para la inversión, el desarrollo, la creación de nuevas empresas, etc., y que ello sea sostenible, es defendiendo el control político que se ejerce a los actos de gobierno. Estos en un periodo pueden ser favorables y al siguiente nefastos, no en vano la clase comercial emergente de Inglaterra en el siglo XVII comprendió la importancia de apoderarse del parlamento para limitar el poder de la monarquía.

La confianza en el Congreso de la República, en los partidos políticos y en el sistema político colombiano no se logra haciendo que estos terminen subordinados al gobierno de turno y a lo que este considera hay que hacer. Se logra educando y formando a la ciudadanía para que exija y ejerza sus derechos y para que vigile con lupa los actos y omisiones de sus representantes. Garantizando el libre acceso a la información y a múltiples fuentes de información. Evitando que los ciudadanos estén tan concentrados en sobrevivir, que opten por dejarle todos los asuntos públicos relacionados con el Estado a una clase política y a unos partidos políticos que no han podido acabar o romper con ese régimen nefasto que denunciara en su momento Álvaro Gómez Hurtado. Santiago José Castro

abogado Politécnico Grancolombiano Hace una década Brian Crisp, por ejemplo, identificaba que a pesar de la 'reforma política' que se logra con la Constitución de 1991, el reconocimiento y confianza de los colombianos en su sistema político seguía siendo mínima. Y es que lo que no se pude hacer es pensar que la solución a tantos problemas está en nuevos proyectos de reforma.

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