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Stephanny Pérez - sperez@larepublica.com.co sábado, 5 de mayo de 2012

Históricamente se ha utilizado como mecanismo de defensa la tutela, con el ánimo de proteger los derechos fundamentales, que pueden ser vulnerados o amenazados por la omisión de cualquier autoridad pública.

Con el propósito de que usted pueda utilizar la acción de forma adecuada, LR habló con expertos en derecho civil con el fin de aclarar en qué ocasiones se puede utilizar esta herramienta y bajo qué circunstancias aplica.

La acción de tutela en Colombia nació en el marco del nuevo modelo de Estado social y democrático de derecho, que para garantizar el cumplimiento de estos beneficios y garantías constitucionales incluyó esta herramienta judicial que ha sido la más accesible para los ciudadanos y contundente de la historia constitucional contemporánea en Colombia.

A través del artículo 86 de la Constitución Nacional, está estipulado el uso de este mecanismo procesal de protección y mediante el decreto 2591 de 1991, 306 de 1992 y 1382 del 2000, se hace regulación a este procedimiento que hace énfasis en los derechos del título II de la Carta.

En este orden de ideas, cabe destacar que durante los años que lleva formalmente reglamentada en el país, muy pocas personas desconocen el verdadero uso del mecanismo. Incluso quienes lo hacen no tienen conocimiento de la reglamentación.

Santiago Cruz, abogado de la área de Litigios de Prietocarrizosa manifestó que 'los principales errores que surgen al instaurar una tutela radican en no cumplir a cabalidad con todos los requisitos procesales para poder instaurarla. La mayoría de tutelas fracasan porque los jueces las declaran improcedentes, sin entrar al estudio de fondo, es decir si hubo o no violación de un derecho fundamental'.

En muchas ocasiones se asocian conflictos de orden público, que no hacen referencia a los Derechos Fundamentales (Ver tabla), que son de carácter civil.

Sin embargo, esta reglamentación no excluye a las personas jurídicas de realizarlo. Castro afirma que en las organizaciones, el uso de este mecanismo 'depende del sector. Sin embargo, hoy por hoy es común denominador de todos los sectores la interposición de tutela contra sentencias'.

Sin embargo, según Jesús Larrahondo, abogado de la Procuraduría, ' la mayoría de las acciones de tutela están relacionada con el sector de la salud, en lo relacionado con el suministro de drogas, operaciones y consultas con los especialistas. Al igual que las que están asociadas a pensiones', dijo el analista.

Lo relevante de emplear la tutela radica en que es eficaz y fácil de usar para los ciudadanos, ya que 'la puede instaurar la persona afectada o mediante poder otorgado a un abogado. En casos excepcionales, también lo puede hacer una tercera persona siempre y cuando la víctima se encuentre impedida para hacerlo. En el caso de los menores, éstos la pueden instaurar o lo puede hacer por ellos cualquier persona que vea amenazados derechos fundamentales del referido menor. El personero municipal y el defensor del pueblo también pueden presentarla a nombre de una o varias personas', asegura el abogado Ignacio Cantillo.

El modelo de presentación es un escrito en el cual están los datos personales del afectado, la institución a quien le solicita le haga efectivo el respeto a sus derechos y la violación a la que ha incurrido.

Esta solicitud debe ser remitida a cualquier juzgado o tribunal del lugar donde hayan ocurrido los hechos.

Una vez tramitada, el ente de gubernamental, en representación de un juez, deberá entregar el fallo a los involucrados, durante los próximos diez días.

En caso de no hacerse efectivo, el funcionario puede ser sancionado, tal como ocurrió la semana anterior con el magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto, Angelino Lizcano Rivera quien tardó seis meses para entregar un fallo.

Revisión de fallos
Con el ánimo de ilustrar a los ciudadanos sobre la forma como se realiza el trámite de selección de tutelas, la Corte Constitucional aclara que 'todas las tutelas del país que hayan sido concedidas o negadas, deben ser remitidas a esta organización para que sea estudiada su selección y pronta revisión'.

Lo anterior, con el fin de mostrar cuál es su participación y labor en dictaminar los fallos a favor o en contra.

La acción de tutela es el mecanismo más efectivo para los civiles, debido a que no exige la presencia de un abogado y permite hacer referencia a una violación que incurre en los Derechos Fundamentales. Establecida en el artículo 86 de la Constitución Política de 1991 y regulada por los decretos 2591 y 1382, la acción de tutela es una innovación que llegó de la mano con la constitución del Estado Social de Derecho. Cabe aclarar que su uso está limitado, debido a que protege solamente los beneficios establecidos en el título II de la Carta. Este mecanismo sólo funciona frente a los entes públicos.

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