• Diego Andrés Stacey Salazar dstacey@larepublica.com.co

miércoles, 27 de octubre de 2021

Expertos advierten riesgos como la posible entrada de dineros ilegales o prohibidos debido a la falta de claridad en la normatividad

Se ha vuelto cada vez más recurrente la inscripción de candidatos presidenciales por firmas. La Misión de Observación Electoral (MOE) reportó, con corte al 20 de octubre, que hay 41 grupos significativos de ciudadanos (GSC) para las elecciones presidenciales, de los cuales solo dos han desistido al proceso. Esto quiere decir que, a menos de dos meses del plazo máximo para presentar las firmas ante la Registraduría Nacional, el 17 de diciembre, hay 39 GSC en proceso.

El auge de la recolección de firmas, sin embargo, no está exento de críticas, y uno de sus aspectos más polémicos tiene que ver con su financiación. Esto, porque el Consejo Nacional Electoral (CNE) no reconoce explícitamente la recolección de firmas como campaña electoral, por lo que no se le aplica la misma normativa.

A través de la Resolución 646 de 2021, que regula la financiación y el reporte de gastos por parte de los GSC para las elecciones de Congreso y Presidencia de la República de 2022, el CNE retoma la definición de campaña electoral de la Ley 1475 de 2011: “el conjunto de actividades realizadas con el propósito de convocar a los ciudadanos a votar en un determinado sentido o abstenerse de hacerlo”.

Además, agrega que la recaudación de las contribuciones puede ser adelantada por los partidos políticos o por los GSC desde los seis meses antes de las elecciones. Los candidatos, sin embargo, solo pueden hacerlo desde su inscripción. “No se ha entendido que recoger firmas sea propiamente una campaña; si no hay candidato no hay campaña”, aseguró el exregistrador Carlos Ariel Sánchez.

Es decir, la etapa de recolección de firmas no está sujeta a la misma regulación de una campaña electoral, que debe cumplir con requisitos como el tope de ingresos y gastos, decidido por el CNE antes de los registros de los candidatos presidenciales; y la prohibición explícita de algunas fuentes de financiamiento, como empresas o gobiernos del exterior, donantes anónimos o funcionarios públicos.

“De la lectura de la Resolución 646 de 2021 se concluye que no hay topes de ingresos ni de gastos. No hay descripción específica de fuentes permitidas y prohibidas, por lo cual existe el riesgo de presentarse aportes de actores ilegales, extranjeros, funcionarios públicos, contratistas, etc.”, agregó Sánchez sobre los procesos de recolección de firmas.

Sobre el aspecto del financiamiento, Marlon Pabón, coordinador de Transparencia de la MOE, explicó que el único requisito del CNE respecto a esta cuestión es que “después de terminado el proceso de recolección de firmas, los GSC tienen la obligación de presentar los informes de ingresos y gastos”.

Este reporte se debe presentar ante el Consejo hasta cinco días después de inscrita la candidatura presidencial, que inicia formalmente desde el 29 de enero de 2022.

La MOE evidenció que, para el 20 de octubre, tan solo 10 de los 39 grupos significativos en proceso de recolección de firmas han reportado su información de ingresos y gastos. Entre esos datos se encontró que Rodolfo Hernández, del comité Liga de Gobernantes Anticorrupción, es el precandidato que más ingresos ha recibido por el momento, $787,9 millones, de los cuales ha tenido un gasto de $785,4 millones. Juan Carlos Echeverry es el segundo con mayor ingresos reportados: $423,5 millones.

A su vez, hay otros tres precandidatos que han notificado ingresos mayores a $200 millones: Enrique Peñalosa, Alejandro Gaviria y Roy Barreras.

Los otros comités inscriptores que han reportado información sobre el financiamiento de la recolección de firmas son los de Federico Gutiérrez, Miguel Ceballos, Carlos Alfonso Velásquez, Julián Álvarez y Álvaro López Restrepo. En total, los ingresos suman $2.125 millones, mientras que los gastos llegan a $1.261 millones, de acuerdo con la MOE.

Frente a estos reportes, Pabón agregó que, aunque es un requisito para los GSC, tampoco hay una regulación definida que haga explícita las sanciones en caso de que no se haga durante el plazo permitido. Además, explicó que también puede suceder que estos grupos “terminen renunciando a mitad de camino en el proceso de recolección de firmas, sin entregar ningún tipo de reporte”.

Precisamente por este tipo de vacíos, el experto aseguró que recoger firmas se ha convertido en “el mecanismo perfecto para poder empezar a hacer campañas electorales antes del tiempo legalmente permitido, pues es muy difusa la diferencia entre ambas acciones”.

Cabe recordar que los requisitos que impone el CNE para la inscripción de candidatos por esta vía son: solicitar el formulario dependiendo a la corporación a la que se aspira (se puede hacerlo para Congreso o Presidencia); diligenciar el nombre del GSC con los datos de tres integrantes y del candidato; y recolectar, al menos, firmas equivalentes a 3% de la votación de las elecciones pasadas. Para esta ocasión, la Registraduría Nacional reportó que los grupos necesitarán más de 580.621 firmas para poder inscribir a sus candidatos presidenciales.