Colprensa
martes, 17 de octubre de 2023
La demanda fue interpuesta por Luis Carlos Domínguez y vino acompañada de una solicitud de medida cautelar urgente
La Sección Primera del Consejo de Estado aceptó una demanda y una solicitud urgente de medida cautelar interpuesta por el abogado Luis Carlos Domínguez Prada en contra de la resolución 244 del 14 de agosto de 2023, que ratificó la designación de Salvatore Mancuso como gestor de paz por parte del presidente de la República, Gustavo Petro.
Con la demanda, Domínguez Prada espera que se suspendan provisionalmente los efectos jurídicos de la resolución porque, según él, “existen dudas fundadas sobre la juridicidad del acto en cuanto a la motivación y sobre su pertinencia y utilidad”. También agregó que para el país sería “desgastante política y jurídicamente” contar con Salvatore Mancuso como un gestor de paz.
Por otro lado, con la solicitud de medida cautelar urgente, el abogado espera que se dé trámite a la nulidad antes de que el tribunal de lo administrativo tome una decisión de fondo sobre la demanda. Como la acción de nulidad se encuentra en una etapa preliminar, la consejera Nubia Margoth Peña Garzón decidió enviar a la Presidencia la solicitud de medida cautelar y le dio cinco días para que se pronuncie al respecto.
La solicitud, que fue remitida tanto al demandante como al demandado, llegó a su poder el nueve de octubre, adicional a esto, la vigencia inicia después de que hayan transcurrido dos días desde el “recibido”; dicho esto, los demandados tendrían hasta el jueves para dar una respuesta y, posterior a esto, la consejera decidirá si es necesario suspender los efectos de la resolución o se puede proceder con la demanda sin esa medida.
Particularmente, Luis Carlos Domínguez Prada ya había presentado una demanda del mismo tipo pero fue devuelta porque iba dirigida al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre, entidad que no fue la que suscribió la resolución 244. Tampoco es la primera vez que el abogado interpone una demanda en temas de paz; ya lo había hecho en 2006 con respecto a la ley 975 de 2005 que faculta al Gobierno para designar gestores de paz.
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