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Colprensa jueves, 19 de abril de 2012

El presidente del Consejo de Estado, magistrado Gustavo Gómez Aranguren, anunció que si el Congreso no reflexiona sobre la dimensión de los cambios que se estarían aprobando en al Reforma a la Justicia, esa Corporación solicitará acompañamiento internacional por considerar que se trata de un atentado contra la Constitución de 1991.

El Consejo de Estado recurriría 'a las Naciones Unidas y a las redes internacionales que trabajan para preservar la justicia como valor inobjetable de una democracia', señaló Gómez.

Sin embargo, primero el Consejo de Estado convocará una reunión con el presidente de la República, Juan Manuel Santos, los ministros de Justicia y del Interior, los presidentes de Senado y Cámara y los ponentes de la Reforma para socializarles las reservas que tienen frente al texto actual. Igualmente, pedirá el acompañamiento del Procurador General de la Nación.

'Es una convocatoria de poderes para que la nación sepa el peligro de la sustitución de la Constitución en la que se encuentra el país y la eliminación de la independencia judicial, la cual impone necesariamente la convocatoria de los organismos internacionales', dijo.

En Sala Plena, el Consejo de Estado consideró que no había motivos para regresar al debate en el Congreso debido a lo que se ha avanzado del proceso y ante la aparición 'de más razones de perplejidad y preocupación como la afectación severa a los regímenes éticos y penales con que cuenta la nación para asegurar el buen comportamiento de sus legisladores'.

El magistrado Gómez se refiere a la modificación a la forma como se juzgan los congresistas de la República en la Corte Suprema de Justicia, que se aprobaría en la Reforma. 'Se ha modificado de forma tal que no tengan mayores dificultades', dijo al indicar que no serían sujetos de medida de aseguramiento, sino que sólo irían a la cárcel sólo si son condenados.

Igualmente, el magistrado Gómez aseveró que con la actual Reforma, el Consejo de Estado dejaría de ser el máximo tribunal del contencioso administrativo, un hecho que a su juicio lesiona seriamente su trabajo.

Gómez añadió que 'se pierde el régimen disciplinario, penal y de pérdida de investidura que se estableció en la Constitución del 91 con lo cual se buscó la conformación de un Congreso digno y sometido a la ley'.

Reforma pasa a sexto debate
Entre tanto, dentro de lo aprobado por Comisión I del Senado en la discusión de la reforma a la justicia que cursa ya su quinto debate, se determinó mantener la existencia de una Sala de Gobierno y otra Jurisdiccional disciplinaria en el Consejo Superior de la Judicatura.

Otro de los puntos aprobados tiene que ver con la entrega de facultades jurisdiccionales a abogados, notarios y centros de arbitraje, artículo que tuvo resistencia de los senadores Luis Carlos Avellaneda y de Parmenio Cuellar, quienes alertaron que esta iniciativa no será garantía para los ciudadanos en la aplicación de justicia. Sin embargo, el ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra insistió en la propuesta original del gobierno para descongestionar los despachos judiciales, al igual que para otorgar de manera transitoria funciones jurisdiccionales a particulares para destrabar los procesos.

En lo aprobado por la Comisión también pasó el referente a facultar a la Fiscalía General de la Nación para que adelante capturas de manera excepcional y en concordancia con la Constitución, para lo cual podrá tener hasta un período de 72 horas.De la misma manera tuvo vía libre el artículo en el que les regresan a las Altas Cortes la facultad de nominar para la elección de Fiscal General de la Nación y Procurador General de la Nación y su régimen de inhabilidades.

Pasó igualmente un artículo que indica que el Gobierno destinará $1,8 billones , ponderados en seis años para la descongestión. La Justicia tendrá un presupuesto que aumentará con base en el Índice de Precios al Consumidor más dos puntos porcentuales. Finalmente, no se recibirán denuncias anónimas, las acusaciones deberán contar con un nombre y pruebas.

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