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Colprensa viernes, 20 de mayo de 2016

La Corporación negó las pretensiones de una demanda instaurada por Héctor Eduardo Barrera Ojeda, al considerar que estaba inhabilitado para ser elegido porque este estuvo en el cargo en el 2007 y la reforma de equilibrio de poderes impide la reelección.

Barrera Ojeda cuestionó además el proceso de selección en el que se calificaron a los candidatos por su hoja de vida y por la entrevista y sostuvo que con la elección de Galindo se desconoció el mérito que debe imperar en los concursos.

El Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Carlos Moreno, señaló que cuando Galindo ejerció el cargo en 2007 realmente fue encargo y no en propiedad.

Así lo había estimado la Procuraduría en concepto rendido ante el alto tribunal. "No fue designado en propiedad, pues, se repite, su designación lo fue solamente para desempeñarse mientras se designaba al funcionario en propiedad y luego del proceso correspondiente de mérito que posteriormente se adelantó y favoreció al Carlos Ariel Sánchez Torres", indicaba el Ministerio Público.

La Sala igualmente dio validez al proceso de elección que adelantaron los presidentes de las altas cortes y señaló que no se desconocieron las normas que rigen el concurso de méritos para proveer en propiedad el cargo de registrador.

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