Colprensa Martes, 21 de julio de 2015

La decisión de la máxima autoridad de la jurisdicción contencioso administrativa del país fue emitida con ponencia de la magistrada Susana Buitrago Valencia, quien tomó la determinación de negar las pretensiones de Sánchez Aguirre, tras conocer las versiones de varios integrantes de Opción Ciudadana, del demandante y de la procuradora delegada para Asuntos Electorales, María Eugenia Carreño.

Específicamente lo que buscaba el precandidato a la Gobernación de Santander, quien cuenta con el apoyo del condenado por ‘parapolítica’ Hugo Aguilar, era revocar un fallo del Consejo Nacional Electoral emitido los primeros meses del año en el que le negaron por extemporánea la solicitud de sacarlo de las directivas de Opción Ciudadanal, a través de una modificación parcial del acta que le dio vida a esa colectividad, en vista de que habría sido agregado a ella sin su consentimiento.

En esa decisión, el CNE señaló que Sánchez tenía hasta cuatro meses después de emitida el acta para demandarla, por lo que su solicitud se hizo fuera del tiempo establecido. Aunque en ese entonces la defensa indicó que se elevaría la tutela argumentando que el acta habría sido emitida contrariando la Ley, y en esa medida la posibilidad de revocarla no caducaba, finalmente tanto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca como el Consejo de Estado consideraron que los argumentos no eran válidos.

Defensa se pronuncia

Tras conocer la decisión, la defensa del precandidato Sánchez, en cabeza de Jhon Franco, dijo que para la campaña “no es trascendente dicho pronunciamiento de segundo grado de tutela en la medida que lo pretendido por la campaña ya lo había decretado el Juzgado Primero Municipal de Bucaramanga”.

Los caminos de Sánchez

Con esta decisión los caminos que le quedan al precandidato a la Gobernación se reducen a la decisión que deberá tomar en los próximos días el Consejo Nacional Electoral respecto a si la certificación que fue expedida por Opción Ciudadana en la que señalaba que no era militante es legítima o no, en vista de que a los pocos días de emitida fue desistida por ese partido.

El magistrado que tiene en sus manos la ponencia del proceso es Bernardo Moreno, quien representa al Partido de La U.