El Consejo de Estado revocó el fallo por medio del cual el Tribunal Administrativo de Santander condenó al municipio de Puerto Wilches y a Cormagdalena a reparar los daños causados a comerciantes que se vieron afectados por la construcción de un muro destinado a evitar inundaciones en zonas ribereñas del río Magdalena, debido a la falta de evidencia.
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El Consejo de Estado avaló la reparación directa para reclamar daños por medidas cautelares en procesos de responsabilidad fiscal, pero abrió un debate sobre la exigencia de dolo o mala fe.
