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Germán Corcho Tróchez - gcorcho@larepublica.com.co Jueves, 8 de agosto de 2013

La sóla designación a destiempo de Carlos Gustavo Arrieta Padilla como agente de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en el proceso de demanda que entabló Ecuador por las fumigaciones con glifosato en la frontera, demuestra que al Estado le ha faltado y le sigue faltando atención y orden a los asuntos de derecho internacional.

El nombramiento del exprocurador general de la Nación, uno de los principales socios del bufete de abogados Arrieta, Mantilla y Asociados, fue anunciado apenas el 17 de enero de este año. Es decir, cuatro años y nueve meses después de que el Gobierno ecuatoriano presentara su queja formal ante la CIJ. 
 
La demanda que para los especialistas consultados por LR  tiene a Colombia a las puertas de otro fallo adverso en La Haya, como el de noviembre pasado ante Nicaragua, fue presentada por la entonces canciller ecuatoriana, María Isabel Salvador, quien aseguró que su Nación tiene “pruebas contundentes” de que las aspersiones aéreas “traspasaron su frontera” y causaron daños a su territorio, su población y su medio ambiente.
 
Luis Nelson Beltrán, PH.D. en Integración y Desarrollo Económico y candidato a doctor en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, dice que el daño transfronterizo alegado por Ecuador  es un argumento sólido que puede inclinar la balanza del proceso a su favor. 
 
“Colombia podría pagar una indemnización económica de unos 350 millones de dólares, porque ya se probó el daño”, dijo. 
 
En su columna del 19 de marzo en LR, Eric Tremolada Álvarez se refirió a los que significaría un antecedente para la decisión de la CIJ: mientras haya continúa el trámite, el Consejo de Estado emitió una sentencia en la que ordena a la Policía Nacional reforestar varias zonas en el Caquetá, donde se demostraron los daños que produjo el herbicida con el que se fumigaba en 1999. 
 
“Así, ¿qué tantas perspectivas tendríamos en La Haya si nuestro propio ordenamiento reconoce los perjuicios del glifosato? Esto nos lleva a pensar que debemos llegar a un acuerdo directo con Ecuador, pues con seguridad seremos declarados responsables, en el mejor de los casos, como consecuencia de un daño transfronterizo derivado de una actividad lícita”, manifestó.
 
El pleito con Nicaragua
 
El litigio contra Ecuador, por sus connotaciones bilaterales y cercanía en el tiempo, hace recordar la decisión que hace nueve meses dio a conocer la Corte Internacional en el pleito limítrofe entre Colombia y Nicaragua por la soberanía de una gran porción de territorio marítimo del archipiélago de San Andrés. Y más allá de la decisión, que mantuvo la soberanía colombiana sobre siete cayos, pero le otorgó a la nación centroamericana una extensa zona de mar rica en recursos pesqueros, lo que hace imposible no comparar ambos casos es la actitud asumida por el Estado colombiano. 
 
Beltrán recuerda que Colombia tuvo seis años para preparar su defensa de la demanda interpuesta en 2007 por Nicaragua y “haber contrarrestado” su lobby en la Corte Penal Internacional y “todos los escenarios a los que acudieron”. 
 
“No tenemos un orden entre los gobiernos de turno. Esos cambios afectan los enfoques del manejo diplomático, que debería ser una línea continua”. 
 
Y agrega: “no es lo mismo manejar el modelo de relación con Ecuador  y Nicaragua, pero sí se debe propender siempre por una solución negociada y los arreglos directos, que es lo que faltó del 2007 para acá”. 
 
A buscar responsables
 
Las acusaciones de Ecuador   se dieron posterior al bombardeo que las Fuerzas Militares colombianas realizaron el primero de marzo de 2008  en su suelo, operativo  en el que fue dado de baja el jefe guerrillero de las Farc, Luis Édgar Devia Silva, alias Raúl Reyes, en una zona selvátiva de la población Santa Rosa de Sucumbíos. 
 
Mauricio Jaramillo Jassir, profesor de Política Exterior de la Universidad del Rosario, advierte que las quejas y el pedido de Ecuador de suspender las fumigaciones con herbicida son previas al ataque al campamento guerrillero en suelo extranjero, y éste sólo “precipitó” la demanda. 
 
“No es una represalia, sino una consecuencia natural. Ecuador pasó de la retórica a la acción, porque era un tema que ya se había tocado”, dijo.
 
Las asperciones aéreas fueron retomadas en enero de 2007 por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que unilateralmente y sin consultar con Ecuador ordenó sobrevolar una franja de 10 kilómetros a partir de la frontera ecuatoriana, a pesar del acuerdo previo que en su mismo mandato se había hecho. “El acuerdo lo hicieron los cancilleres Carolina Barco, por Colombia, y Francisco Carrión, por Ecuador.   
 
Jaramillo vaticina que si sucede lo mismo con el proceso versus Nicaragua, “habrá una crisis políticia” y muchas personas se preguntarán quién dio la orden de fumigar. 
 
“Cuando hay dudas de lo que se hará, los gobiernos deben abstenerse. En el de Álvaro Uribe deberá saberse quién fue el responsable de tomar la decisión, dentro de la cadena de decisiones, a sabiendas de que no existían certezas sobre los efectos del glifosato sobre salud humana”, expresó el profesor del Rosario. 
 
La deuda con fronteras
 
Una posible sentencia en contra de Colombia confirmaría dos teorías: una, que el Estado realizó una actividad ilícita; y dos, que confirmaría el olvido en que mantiene a sus zonas fronterizas. 
 
Jaramillo afirmó que esta sería una indemnización considerable, en caso de que la CIJ condene a Colombia, “es probable que se vengan otras demandas, incluso  por parte de la misma población colombiana que se sienta afectada por la asperción aérea”. 
 
Se debe mencionar que Colombia es de los pocos países de la región que aceptan este tipo de fumigación. 
 
Con esta problemática, es necesario que se “prepare desde ya una posible reacción ante un fallo que puede ser adverso para los intereses. Hay que preparar a la gente. Hacer un plan de inversión en todas las fronteras, que sea a largo plazo ya que estas, en general, tienen el sentimiento de abandono”, afirmó el catedrático.
 
Y es que eso se puede constatar en el Caribe, luego del fallo a favor de Nicaragua; en las protestas campesinas que se llevan a cabo en el Catatumbo; y en el suroccidente donde ha sido evidente la problemática. “En ese orden de ideas, para evitar lo que se generó en el Caribe, el Gobierno debe estar preparando una política pública para confirmar que no sólo existe en la zona andina donde se han concentrado las riquezas y las inversiones”, concluyó Jaramillo. 
 
Las opiniones
 
Luis Nelson Beltrán
PH.D. en Integración y Desarrollo Económico 
“En el tema de las relaciones bilaterales, que ya están resueltas con Ecuador, lo único que no se ha llevado  a la práctica es el arreglo en este tema. El comercio entre Colombia y Ecuador, que ha mejorado, es un escenario que abre la puerta para ello”.
 
Mauricio Jaramillo Jassir
Profesor de Política Exterior – U. del Rosario
“En Colombia se ha creado un muy mal ambiente en la Corte: la declaración de la canciller, María Ángela Holguín, que la tildó de enemiga, y la senadora Alexandra Moreno la acusó de corrupta. Colombia tiene el reto de cambiar su tono ante la autoridad en este proceso”.
 
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