Seguimiento de obra del Puente Hisgaura en San Andrés/Santendér

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Laura Vita Mesa - lvita@larepublica.com.co viernes, 20 de noviembre de 2020

La dirección de vigilancia fiscal de una de las delegadas había señalado que no encontró hechos generadores de detrimento patrimonial

El contralor general de la República, Carlos Felipe Córdoba, reveló que hace dos semanas ordenó a su contralor delegado para el sector de Infraestructura reabrir la indagación preliminar por el caso del puente Hisgaura. Esto, luego de que se conociera que la Dirección de Vigilancia Fiscal de la Contraloría Delegada para el sector Infraestructura, archivó la investigación preliminar que había abierto en 2018 por la construcción del Puente Hisgaura, donde había presuntos hallazgos fiscales por $8.185 millones.

Además, informó que ordenó abrir una investigación disciplinaria al funcionario Diego Ospina, quien firmó el archivo de la indagación.

La indagación preliminar, por $96.725 millones, estaba relacionada con el contrato 285 del 27 de diciembre de 2013, que habían celebrado el Fondo de Adaptación (adscrito a MinHacienda) y Sacyr.

El documento señala que en la construcción del puente "no ha logrado demostrarse la existencia de un hecho, de unos hechos generadores de un daño patrimonial al Estado, las irregularidades supramentadas que fueron corregidas, subsanadas, por el contratista sin costo o valor adicional para el contrato no son constitutivas de un daño patrimonial al Estado, de una lesión del patrimonio público, motivos, razones, consideraciones por la cuales, al tenor de los dispuesto por la Ley 610 de 2000, resulta procedente el archivo del expediente, del antecedente".

Sin embargo, se advierte que en caso de que aparecieran nuevas pruebas, o se demuestre que la decisión se tomó con base en evidencias falsas, la indagación puede reabrirse.

Cabe recordar que por este caso Sacyr tiene dos tribunales de arbitramento para dirimir las controversias que tiene con el Estado alrededor del contrato. Hace un mes uno de los árbitros, Eduardo Fonseca, renunció al tribunal en medio de denuncias por su amistad con el director del Departamento Jurídico en Sacyr. En la demanda arbitral del caso, Sacyr exige $44.000 millones, por costos y gastos administrativos generados por mayor permanencia en obra.

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