Contraloría detecta hallazgo fiscal por $66.560 millones en la Concesión Puerto Solo

La Contraloría General de la República, a través de su delegada para el sector de Infraestructura, realizó una Auditoría Financiera a la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, por la vigencia 2024, en la cual se detectó un Hallazgo Fiscal por $66.560 millones, originado en la gestión ineficaz de la ANI frente al incumplimiento contractual del Concesionario de pagar, de forma adecuada y oportuna, la contraprestación por el otorgamiento de una concesión portuaria para la construcción, operación, mantenimiento y administración del Terminal marítimo Puerto Solo en el Distrito portuario de Buenaventura.

El Contrato de Concesión Portuaria No. 001 de 2021 fue suscrito entre la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, y la Sociedad Portuaria Energética Multipropósito y Contenedores Puerto Solo Buenaventura S.A., que tenía como objeto “El otorgamiento de una concesión portuaria, para que, de conformidad con lo previsto en la Ley 1ª de 1991, el Concesionario ocupe de manera temporal y exclusiva, los bienes de uso público para la construcción, operación, mantenimiento y administración de un terminal marítimo de uso público, a cambio de pagar una contraprestación económica a favor del Concedente, la ANI.”

En dicha Auditoría Financiera, se pudo evidenciar que el concesionario Sociedad Portuaria Energética Multipropósito y Contenedores Puerto Solo ha incumplido su obligación de pago oportuno de la contraprestación por valor de $66.560 millones, de conformidad con lo establecido en el mencionado contrato. Aun cuando el Equipo Auditor conoció las actuaciones adelantadas por la Agencia Nacional de Infraestructura, lo cierto es que, al terminar el proceso auditor, seguía persistiendo el incumplimiento de pago por parte del concesionario y, además, la ANI no había hecho uso adecuado de las acciones conminatorias o resolutivas previstas en el contrato y en la ley.

El comunicado de prensa también resalta la importancia de destacar que el daño fiscal está representado en la imposibilidad de que Invías y el Municipio de Buenaventura puedan recibir, adecuada y oportunamente, lo que les corresponde por el pago del concesionario de esta contraprestación portuaria que, por ley, se distribuye 80% para aquél y 20% para éste, ocasionando así una disminución importante en sus ingresos.