Detectan hallazgos por más de $13.600 millones en Unidad de Restitución de Tierras

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En una auditoría financiera hecha a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, URT, la Contraloría General reveló 14 hallazgos: ocho con alcance disciplinario y seis con presunto alcance fiscal por más de $13.694 millones durante 2024.

El organismo de control encontró que más de $6.000 millones corresponden a pagos que no están respaldados por decisiones judiciales de ningún tipo y los soportes existentes no garantizan una correcta trazabilidad de dichos recursos. Estos gastos fueron hechos a través del operador Magna Comunicaciones S.A.S.

También informó que se detectaron problemas con soportes de pagos por más de $2.000 millones en el contrato 040 de 2024, pues no hubo verificación de costos y control de documentación para garantizar su correcta ejecución. Por concepto de pagos a terceros no reconocidos, halló que se hicieron desembolsos por más de $2.000 millones sin tener aprobación del Tribunal Judicial de Cartagena.

En los contratos fiduciarios 2117 de 2023 y 47 de 2024 alertó sobre deficiencias en los soportes de pagos por más de $1.400 y $1.200 millones respectivamente. La información disponible no es suficiente para verificar la ejecución adecuada de los recursos de ambos contratos y no hay detalle sobre los bienes y servicios adquiridos con esos recursos.

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Finalmente, detectó un pago por $192 millones dirigidos a otra entidad, según asumió la URT, relacionados con actividades no ordenadas judicialmente.

"La falta de coordinación entre la Unidad y el Fondo desconoce su diseño institucional, debilita la gestión pública y afecta el principio de eficiencia en el uso de los recursos, en contravía de la normativa que rige su funcionamiento", afirma la Contraloría. "Se encontraron deficiencias en la articulación entre la Unidad de Restitución de Tierras y el Grupo Fondo de la Unidad de Restitución de Tierras", complementó.

La Contraloría emitió opinión contable con concepto presupuestal no razonable y con deficiencias sobre el control financiero interno de la entidad. También advirtió sobre fallas en los procesos de contratación y subcontratación en la realización de eventos en donde la trazabilidad de gastos es nula.