Contraloría determinó hallazgos ficales por $16.382 millones por parte de la ANT
La entidad enfatizó en que esta acción es un riesgo inminente de pérdida de recursos públicos, debido a que la ANT no puede registrar contablemente el predio en sus activos
18 de diciembre de 2025
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Por medio de un comunicado, la Contraloría general anunció que encontraron hallazgos fiscales por $16.382 millones en la compra del predio Hacienda Simba por parte de la Agencia Nacional de Tierras, ANT.
Tras el aval del Comité de Evaluación Sectorial, el ente regulador informó acerca de dos hallazgos administrativos, uno de ellos con presunta incidencia fiscal, disciplinaria y penal.
De acuerdo con la Contraloría delegada para el Sector Agropecuario, la ANT anunció una promesa de compraventa con la Sociedad de Activos Especiales por $27.304 millones, desembolsando un anticipo de $16.382 millones; sin que el bien haya sido escriturado a su nombre.
La entidad enfatizó en que esta acción es un riesgo inminente de pérdida de recursos públicos, debido a que la ANT no puede registrar contablemente el predio en sus activos. Ante esto y la falta de respaldo jurídico; la transparencia, legalidad y fiabilidad del proceso se ve afectada.
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El órgano de control señaló que hubo omisión de etapas esenciales de validación técnica, jurídica y social. Por otro lado, se evidenció que el la destinación del predio estaba prevista para beneficiar a comunidades campesinas, sin embargo, la ANT adelantó una entrega provisional a comunidades indígenas.
"La Contraloría subrayó que este cambio de destinatarios finales implicó el uso de un rubro presupuestal específico destinado a comunidades campesinas para financiar un proyecto con un propósito distinto, lo que podría configurar una desviación de la finalidad del gasto público", se puede leer en el documento.
Por último, la Contraloría solicitó a la Agencia Nacional de Tierras la formulación de un plan de mejoramiento, que esté focalizado a corregir las deficiencias evidenciadas, fortalecer mecanismos de control interno y asegurar que la adquisición de tierras esté en línea a los principios de planeación, legalidad, transparencia y eficiencia.
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