Contraloría encontró irregularidades en contratos de la Gobernación del Magdalena

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La Contraloría General de la República, liderada por Carlos Hernán Rodríguez, finalizó la auditoría de cumplimiento a los recursos transferidos al Departamento del Magdalena por el Sistema General de Participaciones y el Fondo Local de Salud, para las vigencias 2023 y 2024, y encontró presuntas irregularidades administrativas y financieras por más de $3.765 millones.

Este valor está distribuido en dos contratos que fueron ejecutados por la Gobernación del Magdalena. El primero corresponde a la ejecución de contrato con el Hospital Julio Méndez Barreneche y a la adquisición de equipos biomédicos sin registros ni soporte documental.

En el primer caso, la Gobernación del Magdalena celebró el contrato CI-776-2023 con la E.S.E. Hospital Julio Méndez Barreneche, por un valor final de $4.362 millones, para desarrollar acciones de gestión en salud pública.

La Contraloría verificó que las actividades ejecutadas no correspondieron al anexo técnico firmado
contractualmente, sino a un documento paralelo sin respaldo contractual. También detectó que no se aportó evidencia documental de la adquisición, almacenamiento ni distribución de insumos por más de $1867 millones. Esto incluía reactivos de laboratorio, equipos biomédicos, y elementos para control de enfermedades.

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"Tampoco se allegaron los contratos del personal técnico vinculado, ni soportes de costos discriminados por actividad. Este hallazgo fue calificado con presunta incidencia fiscal y disciplinaria, siendo trasladado a la Procuraduría General de la Nación para las investigaciones correspondientes", explicó el órgano de control.

El año pasado, según la Contraloría, la Gobernación del Magdalena ejecutó el contrato PS-0991-2024, por $4.930 millones, para fortalecer la gestión en salud pública. Fueron registrados pagos por más de $1.898 millones en adquisición de equipos biomédicos, mejoramiento de infraestructura y aparatos de laboratorio.

El entre de control aseguró que no existen documentos de soporte como facturas, ingresos a almacén o informes del supervisor que acrediten el cumplimiento contractual.

"La propia entidad reconoció que los equipos fueron instalados directamente sin pasar por el procedimiento formal de ingreso a almacén, lo que constituye un incumplimiento contractual y una omisión de control sobre bienes adquiridos con recursos públicos. Este hallazgo también fue validado con presunta incidencia fiscal y disciplinaria, y será trasladado a la Procuraduría General de la Nación", explicó la Contraloría.