Contraloría General identificó hallazgos fiscales por más de $53.000 millones en el PAE
Tras auditar al 90% de los ejecutores del PAE en 2025, la Contraloría reportó irregularidades de sobrecostos y faltas de soportes
09 de febrero de 2026
La Contraloría General de la República reportó que las investigaciones fiscales realizadas durante el año 2025 al Programa de Alimentación Escolar, PAE, determinaron hallazgos por un valor total de $53.117 millones. El proceso de fiscalización abarcó a 68 entidades territoriales, las cuales son responsables de ejecutar más del 90% del presupuesto nacional destinado a este programa de nutrición estudiantil.
Dentro de los resultados obtenidos, se identificaron 41 hallazgos con presunta incidencia fiscal que suman $24.254 millones. Las irregularidades detectadas se concentraron principalmente en 22 casos de sobrecostos por $18.106 millones, seguidos por pagos realizados sin soportes de ejecución en 12 casos y diversas fallas en la ejecución contractual e incumplimiento de lineamientos técnicos.
La región centro oriente registró la mayor afectación económica con nueve hallazgos que ascienden a $12.363 millones. En términos de localidades específicas, el municipio de Soacha reportó la cifra individual más alta con $3.550 millones, debido a costos que debieron ser cubiertos por la administración municipal fuera de las obligaciones ejecutadas por el contratista.
En una línea de investigación paralela, el organismo de control auditó los recursos del Sistema General de Regalías asignados al PAE en Nariño, Quindío, Meta y Arauca entre 2021 y 2024. Estas revisiones adicionales permitieron identificar cinco hallazgos con incidencia fiscal que representan un monto de $28.863 millones, derivados de inconsistencias en la administración de dichos fondos.
El hallazgo de mayor cuantía en este rubro se localizó en el departamento de Nariño, donde se registraron $23.549 millones vinculados a deficiencias en la planeación y falta de aprobación formal de los ciclos de menú.
Según el informe oficial, estas omisiones administrativas comprometen el cumplimiento de los parámetros nutricionales establecidos para la atención de los beneficiarios del programa.
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