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  • Carlos Eduardo González

miércoles, 26 de abril de 2017

Dentro de las indagaciones en las que se han encontrado estas irregularidades está un hallazgo fiscal por $145.284 millones en contratos de Agrocascada, una  empresa que hace parte del grupo empresarial Pacific Rubiales, con la que Ecopetrol tenía un contrato en el que tenía 50% de participación, lo que representó un detrimento patrimonial del Estado por $37.260 millones.

Otro de los casos encontrados por la Contraloría fue el de  $29.153 millones de regalías destinados a proyectos de ciencia, tecnología e innovación, a través de proyectos de cooperación, que fueron desviados en Córdoba.

Este tipo de investigaciones están relacionadas con gestiones fiscales deficientes por parte de  servidores públicos o particulares que han manejado recursos del Estado y “frente a este hallazgo el auditor deberá dar traslado a la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios y Jurisdicción Coactiva”, indica la ley. 

De cara a estos procesos, Luis Ustáriz, fundador de Ustáriz & Abogados, señaló que “desafortunadamente en estos casos se presentan temas de corrupción”, ya sea porque el ente de control encuentra que “se contrato mal o algo paso con los recursos”. 

Cuando se dan estos casos de detrimento patrimonial “son muy delicados, porque significa que se está perdiendo la plata que pagamos en impuestos”, dijo.

El ente de control encontró 42 hallazgos con presunta incidencia fiscal en el departamento del Meta por más de $105.000 millones, relacionados con recursos del Sistema General de Regalías.

 Además, en la ciudad de Neiva, la entidad dirigida por Maya percibió sobrecostos por $12.684 millones en la remodelación del estadio de fútbol Guillermo Plazas Alcid.

Manuel Quinche, socio de Brigard & Urrutia, resaltó que es difícil establecer un control previo ante estas conductas, por razones económicas, técnicas y jurídicas, pero lo que sí se puede hacer es “trabajar en una cultura empresarial, en donde haya una combinación entre buenas prácticas, revisar mecanismos de prevención de actos corruptos y endurecer las condenas, para establecer una cultura de cero tolerancia frente a estos temas”, afirmó el experto. 

Así mismo, la entidad ha avanzado en casos en donde ha establecido responsabilidad fiscal, que consiste en buscar el resarcimiento de daños al patrimonio, a través del pago de las personas naturales o jurídicas.

Por otro lado, el contralor Maya, dijo ayer que durante 20 años el Gobierno deberá destinar $208 billones para implementar los acuerdos con las Farc.

Las opiniones

Manuel Quinche
Socio de Brigard & Urrutia
“Más allá de establecer un control previo, que puede no ser posible por razones económicas, técnicas e incluso jurídicas, lo que hay que hacer es trabajar en una nueva cultura empresarial”. 

Luis Ustáriz
Fundador de Ustáriz & Abogados
“Cuando la Contraloría encuentra estos hallazgos fiscales o detrimento patrimonial es muy delicado, porque significa que se está perdiendo la plata de los colombianos, que pagamos en impuestos”.

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