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miércoles, 3 de abril de 2019

La Contraloría determinó un hallazgo con presunta incidencia fiscal e indicó que las obras representan un riesgo para la población de Honda

La Contraloría refirió a las obras de control de presas y protecciones longitudinales que se adelantaron sobre el río Gualí en Honda, donde determinaron habría existido un hallazgo con presunta incidencia fiscal, inconsistencias que suman más de $15 mil millones y cuyos recursos provienen del Fondo Nacional de Regalías, FNR.

Según este organismo de control, este proyecto se habría ajustado cuatro veces, lo que provocó una disminución en las obras y un incremento en el valor del contrato.

“El proyecto que fue ajustado cuatro veces, ocasionó disminución de las obras al pasar de ocho presas y dos muros de contención a solo cinco presas y dos muros de contención, con un incremento en el contrato que pasó de $16.221 millones a $26.305 millones”, indicó la Contraloría.

Sostiene que dichas obras estarían poniendo en riesgo a la población, ya que las estructuras no serían aptas para resistir un posible evento natural, luego de que según la entidad, se incumpliera con los requisitos mínimos establecidos en normas técnicas de obligatorio cumplimiento.

Luego de los hallazgos de la Contraloría sobre estas obras, estos hechos se habrían declarado de Impacto Nacional mediante resolución 0216 del 18 marzo del 2018 , por lo que exigen de una intervención inmediata por parte de la entidad, a través de la Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías, al percibir una afectación indebida al patrimonio público.

“SOMOS LOS MENOS IMPLICADOS”

Frente a lo expuesto por la Contraloría, el alcalde de Honda, Juan Guillermo Beltrán, aseguró que la actual Administración es la menos implicada, pues estas obras fueron contratadas en 2010 y una vez en el cargo estas se presentaron con un avance de 73%, siendo girados $20.000 millones de los $25.000 millones totales.

Beltrán sostuvo que una de las acciones que se desarrollaron desde su administración fue garantizar los recursos por parte de la Nación en 2017, para la culminación de las obras que ante su incumplimiento, hubiese implicado una sanción para el municipio por $25.000 millones.

El mandatario además, señaló que luego de un informe emitido por la entidad el año anterior se habría exigido a los contratistas e interventores de la obra que se hicieran las correspondientes pruebas de resistencia, donde se habría determinado que el trabajo hecho por la entidad no contó con la rigurosidad técnica exigida.

“Lo que entiendo es que las pruebas que hizo la Contraloría consistieron en mandar unos especialistas y tomar unos núcleos que son unas pruebas de concreto en cada presa y estas no tuvieron la rigurosidad técnica, por eso las nuestras aparecen que son resistentes y la mejor prueba es que ya llevamos año y medio de haberlas terminado, con un invierno muy fuerte y las presas han venido cumpliendo su tarea”, indicó el mandatario.