Contratación, falta común de los Superintendentes

De acuerdo con información suministrada por la Procuraduría General de la Nación, cuatro actuales superintendentes se encuentran en investigaciones preliminares, entre ellos, el Superintendente de Sociedades, el Superfinanciero, el de Industria y Comercio, el de Notariado y Registro.

Según el Ministerio Público, el Superintendente de Sociedades, Luis Guillermo Vélez, se encuentra en evaluación de investigación disciplinaria por presuntas irregularidades en que pudo incurrir en su administración. No obstante, por estar en etapa preliminar, el organismo de control no pudo dar más detalles sobre el contenido de la investigación.

Uno de los casos más sonados, fue la denuncia de persecución del superintendente de Sociedades a la compañía petrolera Pacific Rubiales, hecha por el abogado Jaime Lombana. Sin embargo, después de investigar a la empresa canadiense por no reportar oportunamente la creación de ocho firmas instaladas en el país, la entidad la multó por $800 millones en febrero de este año.

En cuanto a este tipo de situaciones, el jurista Ignacio Cantillo determinó que toda persona o entidad puede interponer quejas ante el Ministerio Público si considera que el funcionario no está cumpliendo de manera adecuada con su deber, luego se hace la evaluación de los hechos, entonces es allí donde el ente de control determina abrir la investigación. “Las superintendencias tienen establecida una norma en su competencia, tiene la obligación de actuar con principios de transparencia y conforme a la ley”, explicó el abogado.  

Por otro lado, el Superintendente de Industria y Comercio, José Miguel de la Calle, quien renunció hace algunos días, es investigado porque habría emitido declaraciones en medios de comunicación sobre un proceso que no habría agotado la segunda instancia del proceso.

El conflicto está enfocado en Revertrex, un producto que promete retrasar el envejecimiento de las personas, el cual es motivo de enfrentamiento entre el saliente Superindustria, de la Calle y el encargado del mismo organismo entre los años 2003 y 2007, Jairo Rubio Escobar.

En este caso, se especuló sobre el hecho de que un ex superintendente estuviera en un proceso contra la entidad que representó, sin embargo, Rubio lleva más de cinco años retirado de ese cargo y por lo tanto la inhabilidad planteada en la normatividad no lo cobija.

De la Calle, en dialogo con LR, aseguró que su renuncia no tiene que ver con la investigación de la Procuraduría, “no puedo renunciar por unas declaraciones de prensa. Renunciar por eso sería una locura porque también creo que es normal que se presenten estos procesos. No hay nada más descabellado porque el Gobierno ha elogiado mi labor”, agregó. En este caso, el abogado Lombana, radicó en mayo una denuncia penal y queja disciplinaria en contra del Superindustria por considerar que se extralimitó en sus funciones en el momento de sancionar a Revertrex y ordenar su retiro del mercado.

De otro lado, Gerardo Hernández, Superintendente Financiero, tiene dos procesos preliminares en el ente de control, en donde presuntamente no dio respuesta oportuna a dos peticiones en los términos que fija la ley. Adicionalmente, el Superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, tiene tres investigaciones preliminares, la primera por supuesta nómina paralela, la segunda por presunta contratación irregular e inconsistencias  en proceso licitatorio.

Ex super  investigados

Son varios los  ex superintendentes que se encuentran en investigaciones preliminares, las causas son más comunes en materia de contratación irregular, captación ilegal de recursos, prevaricato por acción u omisión, preguntas formuladas en concurso pública, entre otras. Por presunta captación masiva e ilegal de recursos, el organismo de control investiga a Hernando Ruiz y a Francisco Noguera Rocha ex superintendentes de Sociedades. Ruiz enfrenta un proceso preliminar por la reestructuración financiera de las compañías del Grupo Nule ante la declaración del empresario Miguel Nule según la cual le habría exigido a los empresarios $1000 millones para reestructurar una de sus firmas.

La ex superintendente de Servicios Públicos, Eva María Uribe, tiene ante el organismo de control, cuatro investigaciones en las que dos tienen ver con presuntas irregularidades al actuar con negligencia en el ejercicio de sus funciones y dos por preguntas formuladas en concurso público.

Para Libardo Espítia, director de servicios públicos de la Red de Veedurías, “cuando la superintendente Uribe aceptó el cargo, se le olvidó que su hermana estaba trabajando en el área legal de Ecogas.

Todas las entidades que presten servicios públicos domiciliarios de manera directa o indirecta, son vigiladas por la Superservicios. En este caso, Uribe debió declararse impedida para vigilar la empresa donde trabajaba su hermana pero no lo hizo”, dijo el funcionario.

Además aseguró que la Red presentó la denuncia disciplinaria en octubre de 2002, “pero la Procuraduría se tomó más del tiempo que debía, absolviéndola de manera grotesca y argumentando que el servicio que prestaba Ecogas, no era un servicio público domiciliario, por lo tanto, no había incurrido en ninguna falta”.

Espítia denunció otro de los casos más comunes de los funcionarios públicos en cuanto  a la llamada “puerta giratoria”, en donde el  ex superintendente Delegado de Energía de la Superservicios, David Alfredo Riaño, abrió una indagación contra la especulación de los precios del kilovatio generado, pero a la mitad de la investigación, el funcionario renunció y a los pocos meses estaba trabajando con la Asociación Nacional de Generadores de Energía, Acolgen.

“Cómo es posible que información privilegiada de los organismos de control, se haya ido a la asociación que los agremia”, enfatizó.

En el caso de la Supersalud, después de la renuncia del ex superintendente José Renán Trujillo García,  se rumoró que mientras ejerció su cargo, cobró millonarias comisiones para prolongar algunas licencias del chance. Sin embargo, no se comprobó.

Finalmente, los ex superintendentes de Puertos y Transporte, Álvaro Hernando Cardona y el de Economía Solidaria, Enrique Valderrama, son investigados de manera preliminar por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus  funciones.

Las opiniones

Ignacio Cantillo
Abogado
Toda persona o entidad puede interponer quejas ante el Ministerio Público si considera que el funcionario no está cumpliendo de manera adecuada con su deber, luego se hace la evaluación de los hechos, entonces, es allí donde el ente de control determina abrir la investigación.

Libardo Espítia
Director de servicios públicos red de Veedurías
Cuando se estaba discutiendo el Estatuto Anticorrupción, enviamos una posición en cuanto a que la inhabilidad debería ser de tres años, pero se modificó y se ajustó a dos años para que el funcionario del sector privado pase al público a desempeñarse en un cargo similar.