• José David Castilla

jueves, 8 de noviembre de 2018

Denuncias apuntan que se destinó dinero público para financiar campaña política

Las alarmas se encendieron por una denuncia sobre presuntas irregularidades en contratos de Telemedellín. Los presuntos involucrados son Cristian Daniel Cartagena, gerente de Telemedellín; el concejal Bernardo Alejandro Guerra; el candidato a la Gobernación de Antioquia, Andrés Guerra Hoyos; y la Contralora de Medellín, Patricia Bonilla. Según el denunciante Jorge Hugo Elejalde, “estos contratos enriquecieron a los hermanos Guerra” y financiaron la campaña política de Andrés Guerra.

La familia Guerra Hoyos se compone de cuatro hermanos. El que se encuentra en el ojo del huracán es Bernardo Alejandro Guerra, hoy concejal de Medellín. Después está Andrés Guerra, candidato a la gobernación para el período 2020 y 2023. El tercero es Fernando Guerra, quién funge como representante legal de la emisora Ondas de la Montaña, medio de comunicación donde se reproduce el programa Sembremos País, el cual es dirigido y producido por el candidato a gobernador Andrés Guerra. La última implicada es Fanny Patricia Guerra, periodista y media hermana de los Guerra, quien ha sostenido contratos directos con Telemedellín.

El primero de los problemas denunciados es con la Fundación Sembrando País. Esta fue creada por los hermanos Andrés Guerra Hoyos y el hoy concejal Bernardo Alejandro Guerra; su representante legal es John Wilson Carvajal Ruiz. La fundación realiza un programa matutino en la emisora Ondas de la Montaña, llamado Sembremos País; este programa es dirigido y realizado por Andrés Guerra Hoyos. Según la denuncia conocida por AL, el programa es una plataforma para que el candidato a la gobernación pueda “sostener su nombre en los medios y (permanecer) activo públicamente”.

Para el denunciante, la actuación ilegal se generó cuando la emisora suscribió los contratos 613, 670 y 861 de 2017, y 196 y 398 de 2018. Para Elejalde, esto sirvió como modelo de financiamiento del programa basado en “recursos públicos de Telemedellín”.

Ante esta denuncia, el Gerente de Telemedellín, Cristian Cartagena, aseguró que “los contratos con la fundación Sembremos País se suscribieron con Jhon Carvajal Ruiz, el representante legal de la fundación”. Además aclaró que este es un contrato de emisión de pauta y en este caso no hay relación con ninguno de los hermanos Guerra.

Frente a la crítica de que el programa funciona como una caja de resonancia política para Andrés Guerra, Cartagena dijo que “nosotros nos limitamos en hacer la contratación de la pauta. Yo no sé si es una plataforma política o no, el contrato se hace para un programa llamado Sembremos País”. Aclaró que Telemedellín no financia el programa radial, únicamente se centra a contratar la pauta. En los últimos años, Telemedellín suscribió cinco contratos con la fundación Sembremos País, lo que representó $73 millones.

Elejalde afirmó que “el municipio de Medellín contrata a Telemedellín mediante el contrato 4600065481 de 2016”, dijo que con esto se transfirieron recursos públicos del distrito a la emisora Ondas de la Montaña. Aseguró que este presupuesto fue aprobado, en parte, por el concejal Bernardo Guerra.

Cartagena se defendió diciendo que “los recursos que transfiere el Concejo se destinan únicamente para hacer televisión. La plata que se contrata para la pauta, esta se da por contratos interadministrativos. Por eso no hay conflicto de intereses”.

El lío se extiende a otros cuatro contratos más. Esta vez el protagonista es Federico Guerra Hoyos, representante legal de la emisora Ondas de la Montaña.

El medio de comunicación suscribió los contratos 763 de 2016 y 291 de 2017, con Telemedellín. El objeto contractual también se centró en la emisión de pauta publicitaria para los diferentes programas de la emisora. En esta ocasión, las partes directas fueron el representante legal de la emisora, Federico Guerra, y el mencionado Gerente de Telemedellín, Cristián Cartagena. La cuantía de estos dos contratos asciende a $64 millones.

Con los contratos 140 de 2017 y 406 de 2018 ocurre algo parecido. El vínculo legal se estableció entre Fanny Patricia Guerra y, nuevamente, el gerente de Telemedellín. Esta vez, la pauta publicitaria iba dirigida al programa radial Viva la Vida. Los contratos suman un total de $10,7 millones.
Todas estas contrataciones se hicieron durante 2016 y 2017, mientras Bernardo Alejandro Guerra ejercía su cargo político en el Concejo de Medellín.

El problema recae en la prohibición del artículo 47 de la Ley 617. Esta norma establece que los hermanos de los concejales no pueden contratar con el respectivo distrito. Los hermanos Guerra no pueden tener contratos que involucren dineros públicos de Medellín.

Sin embargo, Cartagena dijo que “desde 2009, se ha contratado pauta con Ondas de la Montaña y nunca hemos tenido una inhabilidad para hacer esa contratación”. También afirmó que “los concejales no son ordenadores de gasto”, motivo por el cual, no se violentó el régimen de inhabilidades contractuales.

Los denunciantes solicitaron que se investiguen a los implicados por violar el régimen de inhabilidades y por haber realizado contratos públicos sin cumplir con los requisitos legales. También, radicaron una queja ante la Procuraduría.

Antecedentes

Otros de los contratos que preocupan a los denunciantes son los que se suscribieron entre la empresa Ondas de la Montaña y la Contraloría Distrital. Según la denuncia, este contrato de 92 días, buscaba apoyar a la oficina de comunicaciones de la entidad para dar a conocer pautas pedagógicas sobre las acciones de control fiscal. Existen indicios para establecer la ilegalidad de este contrato.