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César Melo sábado, 12 de septiembre de 2015

Las acusaciones a Montealegre no han generado solo críticas; a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes llegó la solicitud del senador del Centro Democrático Ernesto Macías, para que el fiscal general asista a un debate de control político y le responda al Congreso de la República cerca de 30 preguntas, formuladas por ese dirigente huilense, junto a otros parlamentarios de oposición. 

El senador le explicó a Colprensa que el Centro Democrático no va a revelar los documentos que sustentan sus denuncias, hasta cuando el fiscal se presente en el recinto, para responder a las supuestas irregularidades. 

"Radique la proposición después de analizar varias situaciones de orden fiscal, que el país ni el Congreso conocen, hechos que corresponden tanto a la contratación de asesores, como a la renta de inmuebles... Por eso se solicita al señor fiscal que acuda a la plenaria, para que se someta a contestar el cuestionario que le vamos a exponer". 

Para el senador, la contratación por parte de la Fiscalía es exagerada. Y se deben considerar como graves los hechos que los convenios con asesores fueron realizados de manera directa y que hayan costado diez mil millones de pesos, cifra que no cree corresponda al tipo de profesionales que se contrataron. "Tenemos todo listo para sustentar con documentos más de 30 preguntas, que aspiramos el fiscal conteste". 

EL DISGUSTO DE LOS EXFISCALES 

El jueves, el fiscal Eduardo Montealegre, en declaraciones públicas sobre el escándalo, aseguró que los contratos de la Fiscalía no tienen ningún tipo de irregularidad y que no se deben levantar suspicacias por los asesores externos que están colaborando con la institución. 

Pero lejos de apagar la polémica, la agrandó, cuando decidió defenderse atacando a sus antecesores. Mencionó que la administración de Viviane Morales “dejó la entidad sitiada por el caos”, a lo que la exfiscal respondió: "En mi Fiscalía no hubo un solo contrato a dedo. El Fiscal está igual que los dictadorzuelos, inventando fantasmas". 

La hoy senadora calificó como un "carrusel de contratación" las asesorías externas a la entidad y pidió "que el Fiscal nos cuente sobre el ‘carrusel’ en su administración y explique cómo justifica los contratos a magistrados y periodistas". 

Por su parte, el exfiscal Alfonso Gómez Méndez califica la postura de Montealegre como estratégica, pues cree que al desatarse la polémica por los contratos, decidió culpar a sus antecesores de los problemas actuales. 

Contrario a ellos, Guillermo Mendoza Diago prefiere no entrar en la polémica, pues, fuera de grabación, dijo que entiende las dificultades que pasan en el despacho de un fiscal. 

EL CONTRATO SPRINGER 

Uno de los contratos que más han generado polémica es el que firmó la Fiscalía con la politóloga y experta en resolución de conflictos Natalia Springer (o Lizarazo, según aparece en el documento respectivo). 

Primero llamó la atención el monto exagerado del contrato, por más de cuatro mil millones de pesos, y luego por la decisión del ente investigador y de la también columnista de no revelar el alcance de su trabajo, aduciendo motivos de seguridad nacional. Sólo se sabe que tiene que ver con un plan de atención a víctimas del conflicto. 

Las dudas crecieron en los últimos días, cuando la revista Semana reveló un concepto de la Unidad de Análisis y Contexto de la propia Fiscalía, según el cual los estudios realizados por Springer Von Schwarzenberg Consulting Services SAS, no cumplen con las expectativas previstas en los contratos y que la mayoría de sus estadísticas presentadas son tomadas de datos del Centro Nacional de Memoria Histórica, por lo que el estudio no resulta novedoso. 

La Unidad de Análisis y Contexto indicó tajantemente que “el documento presentado no cumple con las obligaciones estipuladas y no es útil para el desarrollo del trabajo que se viene adelantando en esta Unidad”. 

Se ha conocido, además, que la firma Springer Von Schwarzenberg Consulting Services SAS, fue creada el 3 de junio de 2011, es decir que la sólo tenía dos años de experiencia, pues pactó el convenio en 2013. 

Colprensa intentó contactar a la representante legal de la sociedad, Natalia Springer, pero la columnista informó que su decisión es no contestar preguntas de la prensa. 

SEMANA COMPLICADA EN LA FISCALÍA 

El mal rato de la Fiscalía lo agravó este viernes uno de los casos judiciales más sonados de este año, en el que la entidad imputó a trece presuntos integrantes de una célula urbana del ELN y pidió que fueran cobijados con medida de aseguramiento, por su aparente vinculación con atentados terroristas en Bogotá. 

Pero la judicatura le dio un giro inesperado al caso, pues un juez de segunda instancia decidió dejar a los implicados en libertad, argumentando que la Fiscalía no había explicado la responsabilidad de cada uno de los imputados. "No se hizo el más mínimo análisis individualmente, como debe hacerse tratándose de un derecho fundamental como lo es el de la libertad", refirió el juzgado. 

La decisión deja muy mal parada a la Fiscalía, aunque los procesados siguen vinculados al proceso, pues en diferentes ocasiones este caso fue calificado como "un falso positivo judicial". Ahora se ha vuelto un nuevo golpe a la credibilidad de la entidad, por lo que se presume que la próxima será una semana bastante complicada en la Fiscalía, pues tendrá que empezar a dar explicaciones sobre los escándalos en que anda comprometida. 
 

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