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Judicial

Corjusticia solicita la intervención de autoridades por retención en juzgados de Bogotá

El bloqueo de los Juzgados Administrativos de Bogotá se dio por manifestantes indígenas que impidieron la salida de los funcionarios

17 de febrero de 2026

Isabella Rodríguez Ángel


Colprensa
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La Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia, Corjusticia, solicitó la intervención de las autoridades nacionales y locales debido al bloqueo de la sede de los Juzgados Administrativos de Bogotá.

La organización reportó que integrantes de la minga indígena obstruyeron los accesos a las instalaciones ubicadas en la Carrera 57, impidiendo el tránsito de personas. La situación afectó a funcionarios del Tribunal Superior de Cundinamarca y otras dependencias del complejo judicial. Según la denuncia, la obstrucción de las puertas mantuvo en el interior del edificio a magistrados, jueces, empleados judiciales y ciudadanos que realizaban trámites en el lugar durante 8 horas.

Corjusticia pidió la presencia de la Policía Nacional, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Presidencia de la República para restablecer el orden. La entidad gremial señaló que la imposibilidad de abandonar el recinto requería una respuesta inmediata por parte de las instituciones responsables de la seguridad.

La interrupción de actividades por parte de la minga impactó la prestación del servicio público de administración de justicia. La corporación enfatizó que estos hechos vulneran el funcionamiento estatal y comprometen la integridad de los servidores públicos y particulares que se encontraban en la sede.

La toma de puertas no fue intervenida hasta 8 horas después por parte de las autoridades. El Secretario de Gobierno de la alcaldía de Bogotá, Gustavo Quintero, explicó en la FM que el tiempo aguardado para la toma de acción se basó en los protocolos establecidos por El Puesto de Mando Unificado, PMU.

"Debido a que las decisiones dependen usualmente del gobierno distrital, nos encontramos tramitando un proyecto de ley para facultar nuestra actuación más allá del marco del Decreto 053. El objetivo es permitir la protección directa de bienes estratégicos, tales como edificios públicos, aeropuertos y sistemas de transporte masivo. Actualmente, en casos de intervención por actos violentos, nuestro tiempo de respuesta no supera los 20 minutos", afirmó Quintero.

Finalmente, se hizo un llamado al Consejo Superior de la Judicatura para que realice el seguimiento correspondiente dentro de sus competencias. La organización busca que se priorice la vigilancia de estos eventos para garantizar el desarrollo normal de las funciones judiciales en la capital.

 

 

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