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David Jáuregui Sarmiento - djauregui@larepublica.com.co viernes, 29 de septiembre de 2017

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado reveló el listado de los líderes políticos, funcionarios, empresarios, contratistas y particulares investigados por graves hechos de corrupción que adelantan millonarias demandas contra Nación

Hoy RCN Radio conoció un informe de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado en la que se destacan los nombres y los casos de las acciones legales instauradas contra la Nación por parte de los protagonistas de los hechos de corrupción que han aturdido el sentido común y han generado rechazo generalizado por los daños causados a las víctimas y la ciudadanía. En este informe destaca que la Rama Judicial aparece como uno de los sectores con más acciones legales, con 28.013 demandas en su contra, y cuya pretensión alcanza los $55 billones.

Al respecto, el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Luis Guillermo Vélez, advirtió que no se va a conciliar con los 10 implicados en casos de corrupción. “Actualmente la Fiscalía tiene cerca de 15.000 procesos por $17 billones, entonces, no solamente esta gente ha actuado en casos de corrupción, ha indignado al pueblo colombiano, le ha extraído los recursos sino que además pretende demandar nuevamente para seguir con esta extracción por lo menos inmoral de plata de todos los colombianos”, dijo Vélez en entrevista con RCN Radio.

De acuerdo con los reportes judiciales en estos casos la causa más frecuente y costosa por la que están siendo demandas entidades de la rama judicial.

La lista es encabezada por Alessandro Corridori, ciudadano Italiano considerado uno de los cerebros del descalabro de Interbolsa, que perjudicó a los acreedores con la manipulación deliberada de las acciones de Fabricato. Corridori tiene tres demandas contra la Superintendencia Financiera de Colombia y el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras. En estas, alega una supuesta violación al debido proceso y una omisión en las funciones de inspección, vigilancia y control, por las que pretende que los colombianos le paguen la suma de $122.236 millones.

Le sigue el expresidente de Saludcoop, Carlos Gustavo Palacino Antia, quien fue llamado el pasado 21 de septiembre para responder en indagatoria ante la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia por la supuesta apropiación de más de $300.000 millones. Palacino demandó a la Procuraduría, La Contraloría y la Superintendencia Nacional de Salud bajo el pretexto de que no se le permitió declarar antes de ser imputado y ello le está generando grandes perjuicios económicos. Por las demandas, uno de los protagonistas de la liquidación de la EPS por irregularidades y quien en 2012 recibió inhabilidad de 18 años para ocupar cargos públicos y contratar con el Estado, espera recibir $40.910 millones.

Le sigue Enrique Dávila Lozano. Lozano tiene una demanda contra la Contraloría General, entidad que lo condenó fiscalmente como Interventor en las irregularidades detectadas en la concesión para la construcción de la doble calzada Bogotá – Girardot. El interventor, argumentando que este acto administrativo fue ilegal pretende una demanda por $9.800 millones.

Otros nombres que sobresalen son los de primos Miguel y Manuel Nule Velilla, condenados por el carrusel de los contratos en Bogotá; Pablo Ardila Sierra, exgobernador de Cundinamarca, quien tiene una demanda contra la Fiscalía General de la Nación, alegando una privación injusta de la libertad, porque aunque fue investigado por cargos de enriquecimiento ilícito, la Corte Suprema de Justicia dejo en firme su absolución. Las demandas serían por $6.122 millones y $4.646 millones, respectivamente.

También aparecen Liliana Pardo Gaona, exdirectora del IDU, procesada por el carrusel de los contratos; Juan Carlos Abadía Campo, exgobernador del Valle del Cauca recientemente relacionado con el escándalo del Cartel de la Toga, Luis Alberto Urquijo Anchique, Abogado investigado por el caso de Foncolpuertos y Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez Cerchar, exgobernador de la Guajira condenado a 55 años de prisión por el crimen de la alcaldesa de Barrancas, Yandra Brito; su esposo, Henry Ustáriz y su conductor, Wilfredo Fonseca.

“Es absolutamente indignante que esta gente involucrada en toda clase de delitos de desfalcos que van desde peculados, hoimicidios, extorsiones (…) ahora nos demanden a todos los colombianos (…) Tienen las agallas de demandar al Estado para seguir abultado sus bolsillos”, concluyó Luis Guillermo Vélez.

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