Corte Constitucional convoca mesa técnica por incidente de desacato en salud nacional
La reunión busca analizar el cumplimiento del Ministerio de Salud respecto al ajuste y suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación
10 de abril de 2026
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La Corte Constitucional programó para el 13 de abril de 2026 una mesa técnica con más de 20 entidades del sector salud. Esta convocatoria se produce en el marco de un incidente de desacato contra el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo por el presunto incumplimiento de órdenes previas relacionadas con el cálculo y la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación, UPC, recurso destinado a financiar la atención de los ciudadanos.
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La Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 determinó que el Ministerio de Salud no ha ejecutado acciones inmediatas para equiparar la UPC del régimen subsidiado a 95% de la del contributivo. Asimismo, el tribunal señaló fallas persistentes en los sistemas de información y falta de evidencia técnica sobre la suficiencia de la prima para la prestación de servicios. Aunque el Ministerio presentó la Resolución 2605 de 2025 como prueba de cumplimiento, la Corte observó que dicha medida solo tendría efectos administrativos a partir de la vigencia 2026.
Durante la etapa probatoria, el tribunal rechazó varias solicitudes de la cartera de Salud, entre ellas la exhibición de libros contables de las EPS y la realización de pruebas periciales externas. La Sala argumentó que la responsabilidad de recolectar información y fijar el valor de la UPC es una competencia legal exclusiva del Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud. Por su parte, el magistrado Vladimir Fernández aclaró su voto indicando que la sostenibilidad del sistema no depende de una sola variable y que se debieron considerar más elementos probatorios.
La mesa técnica contará con la participación de los ministros de Salud y Hacienda, directores de la Adres, el Dane y el Departamento Nacional de Planeación. También asistirán representantes de organismos de control como la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo. El objetivo de este encuentro es evaluar el estado actual del financiamiento del sistema y el cumplimiento de los mandatos judiciales para garantizar el derecho a la salud.
El sector privado y la academia también estarán presentes a través de gremios como Acemi, Gestarsalud, la Andi y la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas. Organizaciones de pacientes y centros de pensamiento técnico participarán en la discusión para aportar perspectivas sobre la suficiencia de los recursos.
La diligencia busca verificar si las acciones del Gobierno nacional permiten la sostenibilidad financiera y operativa de la prestación de servicios médicos en el país.
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