Corte Constitucional ordenó a MinInterior solucionar conflictos interculturales en Cauca

Corte Constitucional ordenó al Ministerio del Interior crear una instancia de diálogo para solucionar conflictos interétnicos e interculturales en el Cauca.

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La Sala Segunda de Revisión instó al ministerio a actuar con diligencia y articular sus gestiones con otras instancias, en especial con la Agencia Nacional de Tierras, la Defensoría del Pueblo y la Unidad Nacional de Protección, para fomentar el diálogo y la solución de conflictos sociales en estos territorios.

El motivo del fallo dio lugar luego de que el gobernador de un grupo indígena presentó una acción de tutela contra la Agencia Nacional de Tierras, ANT, debido a que, presuntamente, esta vulneró los derechos a la vida, integridad personal y a permanencia en el territorio ancestral del pueblo indígena demandante.

El demandante afirmó que se han presentado distintas controversias en relación con el inmueble “Almendro” entre el grupo étnico y la Asociación Azul, debido a que en el año 2018 estas organizaciones adquirieron la propiedad del predio.

Debido a que el Grupo Indígena es el dueño ancestral del mencionado inmueble, el líder indígena denunció que el grupo étnico ha sido víctima de engaños por parte de la ANT y la Asociación Azul.

"El demandante sostuvo que la comunidad indígena ha sido despojada y desplazada a raíz de los desalojos efectuados en los años 2022 y 2023, y que sus líderes han sido víctimas de amenazas y hostigamientos desde diciembre de 2023", señaló el alto tribunal en la sentencia.

Como respuesta a la petición la Corte Constitucional revocó la sentencia proferida en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá debido a que esta declaró improcedente la tutela anteriormente mencionada.

A su vez, y como consecuencia de lo anterior, el alto tribunal ordenó a la Unidad Nacional de Protección, UNP, que, en el marco de sus competencias y dentro de los próximos 10 días, deberá adoptar medidas de prevención y de protección en favor de los líderes y lideresas de la comunidad indígena y de la representante legal de la Corporación Verde y abogada asesora del grupo étnico.

Al mismo tiempo, el órgano le pidió al Ministerio del Interior efectuar un trabajo directo en territorio con las autoridades del Grupo Indígena, las personas integrantes de la Asociación Naranja, la Asociación Azul, la Agencia Nacional de Tierras y los actores sociales de la región que puedan contribuir a la solución pacífica de dicha controversia.

A esto agregó que, el ministerio deberá crear una instancia de diálogo en la que actúe como garante, para promover la resolución de los conflictos interétnicos e interculturales que han surgido entre estas organizaciones.

En el caso de la Agencia Nacional de Tierras, ANT, la Corte determinó que la entidad deberá asesorar a a las autoridades del Grupo Indígena sobre los procedimientos administrativos que deben adelantar para la adquisición de tierras de propiedad colectiva y además, tendrá que socialice a la comunidad indígena la oferta institucional que la entidad dispone para el acceso progresivo a la propiedad colectiva por parte del grupo étnico.

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"Para este propósito, la ANT deberá acompañar y asesorar a la comunidad indígena en cada una de las etapas que conforman el procedimiento para la adquisición de tierras colectivas. Dicho asesoramiento deberá ser efectuado de manera articulada con la Defensoría del Pueblo", señaló el alto tribunal en el fallo.

Por el lado de la Defensoría del Pueblo, el alto tribunal ordenó que esta tendrá que brindar un acompañamiento constante al Grupo Indígena para que este ejerza los mecanismos jurídicos disponibles con el fin de que la comunidad étnica pueda avanzar progresivamente en sus reclamaciones y trámites ante las autoridades competentes para la ampliación de su territorio.

Finalmente, el órgano exigió a la Procuraduría General de la Nación que adelante las investigaciones correspondiente, y ejerza sus facultades disciplinarias, con respecto a los funcionarios de la Unidad Nacional de Protección, UNP, que incurrieron las faltas disciplinarias asociadas a los hechos de este caso.