Corte deberá definir si la JEP excedió sus competencias con "Juicio de Prevalencia"

El abogado Juan Daniel Mora Herrera, de la Corporación Defensoría Militar, interpuso una demanda ante la Corte Constitucional cuestionando la creación y aplicación del "Juicio de Prevalencia Jurisdiccional" por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.

Según el demandante, este mecanismo, utilizado para evaluar el cumplimiento del Régimen de Condicionalidad, excede las competencias de la JEP y viola el marco jurídico establecido. El fundamento central es que el Acto Legislativo 01 de 2017 (artículo 12) y la Ley 1922 de 2018 (artículos 67 y siguientes) designaron al Congreso como único ente facultado para definir los parámetros de seguimiento a dicho régimen, estableciendo expresamente el "incidente de incumplimiento" como el único procedimiento válido. Al crear un mecanismo alterno sin respaldo legal, la JEP habría vulnerado el principio de separación de poderes.

Adicionalmente, Mora Herrera alegó que el Juicio de Prevalencia Jurisdiccional impone requisitos no contemplados en la ley, como exigir a los miembros de la Fuerza Pública un "aporte temprano a la verdad" como factor de competencia. Esta exigencia, según la demanda, altera las condiciones originales del sometimiento a la JEP y transgrede el principio de legalidad, pues el Acto Legislativo 01/2017 no incluyó dicho criterio.

Esta práctica, sostiene, ha derivado en decisiones que revocan beneficios, condicionan la permanencia institucional o rechazan casos ya admitidos, afectando especialmente a militares que comparecen de manera obligatoria.

La demanda enfatiza que estas actuaciones violan garantías fundamentales como el debido proceso, el derecho de defensa y la igualdad. Según el abogado, los militares enfrentan procedimientos donde las reglas "cambian en medio del camino", son excluidos sin oportunidad de controvertir las acusaciones o sometidos a estándares no aplicados a otros actores del conflicto (como exguerrilleros). Esto genera riesgos concretos para su dignidad, libertad y seguridad jurídica