lunes, 1 de agosto de 2016
La demanda a la investidura del congresista Jiménez se hizo porque supuestamente se guió ejerciendo representación judicial al municipio cordobés mientras que al mismo tiempo estaba en su cargo de representante a la Cámara, lo cual constituía la violación del régimen de incompatibilidades para ejercer su cargo de congresista en el periodo 2010-2014.
Según la magistrada ponente Martha Teresa Briceño de Valencia, el poder que se le había otorgado al congresista, Nicolás Antonio Jiménez Paternina, había caducado cinco años antes de que asumiera su cargo, por ende no encontró ninguna irregularidad.
Ademas dentro de la investigación la magistrada Briceño no encontró ningún contrato o vinculación entre ellos.
En conclusión puede decirse que no existió un interés particular, ni mucho menos que haya existido simultaneidad entre sus dos trabajos.
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