Corte IDH reveló pendientes del Estado en el caso de la periodista Jineth Bedoya Lima

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Fiscalía General vinculó a exdirectores de la Dijin y el Inpec al caso de Jineth Bedoya

El pasado 10 de septiembre, tuvo lugar la audiencia privada del caso de la periodista Jineth Bedoya Lima en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, IDH, la cual, según sus asistentes, reveló una serie de pendientes e irregularidades por parte del Estado, en relación con las órdenes emitidas por el tribunal para garantizar los principios de justicia, reparación y no repetición.

Justo antes de que los presentes ingresaran a la sala de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, la Fiscalía decidió vincular a algunos exdirectores de la Dijin y el Inpec, quienes fueron señalados de haber omitido sus funciones institucionales, mientras ejercieron sus cargos, y haber permitido las agresiones por parte de paramilitares contra la Bedoya.

Los nuevos implicados son José Leonardo Gallego Castrillón, exdirector de la Dijin de la Policía Nacional; Fabio Campos Silva, exdirector del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec; Luis Bernardo Maldonado Bernate, subdirector del Inpec; Jaime Gallo Zuleta, exasesor de la dirección del Inpec; Reinaldo Fierro Rico, exdirector de la cárcel La Modelo; y Evangelista Basto Bernal, exintegrante de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.

"Una fiscal del grupo de compulsa de copias de la Dirección de Justicia Transicional estableció que los agentes del Estado, en ejercicio de sus cargos, habrían omitido sus funciones, permitido el ingreso a la cárcel La Modelo de Bogotá de armas de fuego y elementos prohibidos por el Reglamento Penitenciario, y facilitado el actuar delictivo de paramilitares privados de la libertad", se lee en el documento presentado por la Fiscalía.

La audiencia de la Corte IDH estuvo a cargo del juez Ricardo Pérez Manrique, quien sería el encargado de emitir la resolución correspondiente durante los siguientes dos meses. En la diligencia, también hicieron presencia algunos representantes del Estado, organizaciones de defensa de DD.HH. y delegados de la sociedad civil.

Además, Viviana Krsticevic, directora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Cejil, se refirió sobre la diligencia y aseguró que fue un suceso contundente para demostrar que el Estado colombiano está incumpliendo las órdenes dictadas por la Corte para reparar a Bedoya y "evitar que la sociedad colombiana, los periodistas y las periodistas vuelvan a sufrir situaciones de violencia e impunidad como las que ella padeció".

Krsticevic también afirmó que la Corte hizo especial énfasis en la investigación contra los máximos responsables del secuestro y la tortura contra la periodista, además de otras amenazas que ella ha enfrentado durante los últimos 25 años, después de lo ocurrido. En este punto, la abogada también advirtió que, pese a que fueron vinculados los oficiales de Policía y del Inpec, aún no han sido judicializados.

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“La conclusión fue muy clara: no se ha hecho lo suficiente. Ha habido retrocesos muy significativos en los temas de justicia y esto tiene consecuencias graves para el periodismo colombiano, porque la impunidad alimenta la violencia”, declaró.

En la audiencia, Krsticevic también se refirió sobre las medidas de reparación que dictó la Corte, entre las que se encontraba la inauguración de un mural simbólico sobre violencia sexual en el marco del conflicto armado, hecho en el que denunció que el Ministerio de Justicia incumplió con su deber de asumir los costos financieros, los cuales fueron pagados finalmente por Bedoya.