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Colprensa Jueves, 17 de octubre de 2013

La Corte Constitucional dejó en firme la ‘muerte política’ de la ex senadora liberal Piedad Córdoba Ruiz, tras rechazar sus argumentos en la tutela que instauró hace cerca de dos años y con la que pretendía tumbar el fallo de la Procuraduría que la destituyó y la inhabilitó durante 18 años.

La Corte encontró infundados los argumentos de la defensa de Córdoba según los cuales el fallo del ministerio público violaba los derechos a la vida, al buen nombre y al debido proceso y la presunción de inocencia de la dirigente política.

El procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, en fallo de 2008 destituyó a la entonces senadora y la inhabilitó para ocupar cargos públicos durante 18 años, al encontrar que se extralimitó en sus funciones y atribuciones por sus acercamientos con las Farc, grupo ilegal al que supuestamente asesoró políticamente.

Las afirmaciones de Ordóñez se basaban en los computadores de alias ‘Raúl Reyes’, abatido en marzo de 2008, durante la ‘Operación Fénix’. Según el procurador en los computadores las Farc se referían a Piedad Córdoba con el apelativo de ‘Teodora Bolívar’, y buscaban su concurso para hacerles llegar pruebas de supervivencia a las familias de varios secuestrados.

En agosto de 2008 la Corte Suprema de Justicia dejó sin piso jurídico la información contenida en los computadores de ‘Raúl Reyes’ al advertir que no se guardó la cadena de custodia ni los protocolos de seguridad.

Con base en esa consideración, que tumbó los procesos abiertos por la llamada ‘Farcpolítica’, fue que la defensa interpuso la acción de tutela.

La decisión de la Corte, que tuvo como ponente al magistrado Jorge Iván Palacio, presidente del alto tribunal, se adoptó con una votación de 7 a 2. Con la decisión, la Corte ratificó la facultad de la Procuraduría para investigar disciplinariamente y sancionar a los altos funcionarios del Estado, incluyendo los de elección popular.

Pese al revés jurídico, que en las instancias nacionales no tienen más recursos, el caso será llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, anunció Ximena Castillo, apoderada de Córdoba.

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