Corte Suprema confirmó condena impuesta a tres exmagistrados de Villavicencio

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena contra los exmagistrados del Tribunal Superior de Villavicencio Fausto Rubén Díaz Rodríguez, Joel Darío Trejos Londoño y Alcibiades Vargas Bautista, por irregularidades en procesos judiciales en los que habrían favorecido a personas vinculadas con graves delitos a cambio de sobornos y dádivas.

La decisión también ordenó compulsar copias para investigar nuevas actuaciones relacionadas con un fallo de tutela por el que presuntamente se pagaron $100 millones.

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Díaz Rodríguez fue condenado por el delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo a 128 meses y un día de prisión. Por su parte, Vargas Bautista y Trejos Londoño recibieron una condena de 120 meses y un día de cárcel por cohecho propio y prevaricato por acción simple. Los tres exmagistrados fueron procesados por decisiones irregulares en dos procesos penales y una acción de tutela, en los que, según la investigación, actuaron a cambio de dinero. En uno de los casos, el soborno pactado habría alcanzado los $2.000 millones.

La Corte señaló que Díaz Rodríguez presentó una ponencia para revocar la decisión que había retirado la prisión domiciliaria a Danit Darío Doria Castillo, sustentando su posición en argumentos “manifiestamente contrarios a la ley”. Según la Sala, el entonces magistrado ignoró pruebas y construyó una argumentación orientada a favorecer de manera indebida al condenado, incluso después de que su propuesta fuera derrotada y dejara constancia en un salvamento de voto.

En otro de los hechos analizados, los exmagistrados Díaz Rodríguez, Vargas Bautista y Trejos Londoño favorecieron mediante una tutela a Hernán Darío Giraldo Gaviria. La Corte concluyó que emitieron una decisión “manifiestamente contraria a la ley”, al omitir el análisis del principio de subsidiariedad y declarar la nulidad de una providencia que ya estaba ejecutoriada. Además, Vargas Bautista y Trejos Londoño fueron vinculados con un acuerdo para favorecer a Marbelly Sofía Jiménez Pérez, procesada por homicidio agravado y concierto para delinquir, a cambio de un millonario soborno.

La Sala también indicó que los entonces magistraos habrían recibido dádivas adicionales, entre ellas fiestas con comida, licor y servicios sexuales. “Este proceder se ajusta a patrones criminales que, en no muy pocos casos, ejecutan los servidores públicos que trafican con la función judicial”, afirmó el alto tribunal, al advertir que los involucrados utilizaron distintos mecanismos para ocultar la recepción de pagos y beneficios ilegales.

Finalmente, la Corte cuestionó la decisión de otorgarles prisión domiciliaria por razones de edad y condición de pensionados, al considerar que no se evaluó adecuadamente la gravedad de las conductas. En la sentencia, la Sala afirmó que los exmagistrados actuaron “con total desprecio por el orden jurídico” y calificó su comportamiento como “una verdadera venta simoníaca de la función pública”. Aunque aclaró que no podía revocar el beneficio por el principio de non reformatio in pejus, sí hizo un llamado para que en casos similares se aplique mayor rigor al momento de conceder este tipo de sustituciones de pena.