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Laura Vita Mesa - lvita@larepublica.com.co lunes, 28 de septiembre de 2020

El alto tribunal señaló que mantiene su fuero por la "supuesta participación activa de empleada de su UTL en los hechos"

La Corte Suprema de Justicia, a través de su cuenta oficial de Twitter, anunció que la Sala de Instrucción de la corporación mantendrá la investigación previa que lleva contra el exsenador y expresidente Álvaro Uribe Vélez “por presunta operación de compra de votos en campaña presidencial de 2018”.

El pronunciamiento se refiere al proceso conocido en la opinión pública como “Ñeñepolítica”, que relaciona al difunto ganadero José Guillermo ‘el Ñeñe’ Hernández, que estaba siendo investigado por presuntos nexos con la estructura criminal de alias “Marquitos Figueroa”, con el manejo irregular de dineros durante la más reciente campaña presidencial.

El alto tribunal, explicó, mantiene su fuero y competencia sobre este proceso por la “supuesta participación activa de empleada de su UTL en los hechos”, refiriéndose a la participación de María Claudia “Cayita” Daza, integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo del exmandatario, en la presunta compra de votos.

Además, agregó que "en otras providencias y por carecer de relación con las funciones y el ejercicio de congresista, la Sala de Instrucción remite a la Fiscalía diversas indagaciones preliminares que adelantaba contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez".

Cabe recordar que tras la renuncia del expresidente a su curul en el Senado, la Corte Suprema de Justicia consideró que había perdido competencia para investigarlo en el proceso que cursa en su contra por presunta manipulación de testigos y fraude procesal, por lo que el expediente está actualmente en manos de la Fiscalía.

En ese proceso, por solicitud de la Juez 30 de Control de Garantías de Paloquemao, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia deberá determinar bajo qué régimen penal deberá llevarse el caso.

Así mismo, el alto tribunal dio traslado a la justicia ordinaria a la indagación preliminar contra el expresidente por las masacres de La Granja y El Aro (Antioquia) y el asesinato del defensor de Derechos Humanos Jesús María Valle.

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