Corte Suprema ratificó detención de Andrés Calle por caso de corrupción con la Ungrd
La decisión se vincula con el presunto desvío de recursos de la Ungrd destinados a comunidades vulnerables por parte de Calle
05 de febrero de 2026
Inició etapa de juicio contra Iván Name y Andrés Calle por el escándalo de la Ungrd
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la medida de aseguramiento en contra del excongresista Andrés Calle.
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El tribunal desestimó el recurso de la defensa que argumentaba la desaparición del riesgo procesal tras la renuncia de Calle a su curul en la Cámara de Representantes. La decisión judicial sostiene que la salida del cargo formal no elimina la capacidad de influencia del procesado sobre la estructura de corrupción investigada.
El fallo de la corporación establece que el conocimiento técnico y político de Calle le permitiría operar desde la informalidad para dinamizar redes de corrupción pública. Los magistrados señalaron que el procesado conserva un capital social y político que facilita el acceso a sistemas clientelares destinados a la obtención de beneficios económicos o contratos. Por esta razón, la detención preventiva se consideró una medida necesaria para evitar la continuidad de las conductas punibles.
La Corte precisó que las acciones atribuidas al excongresista generaron afectaciones directas a comunidades vulnerables en los sectores de La Guajira y La Mojana. Al desviar recursos destinados a estas poblaciones, la actividad delictiva trascendió el ámbito institucional para impactar la base social. El tribunal subrayó que el uso de la representatividad política para intervenir en trámites legislativos constituye un peligro que persiste independientemente del ejercicio del cargo.
En cuanto a los hechos materiales, la investigación indica que Calle habría recibido la suma de 1.000 millones de pesos en octubre de 2023. El dinero fue gestionado inicialmente mediante un préstamo particular y entregado de manera personal en la ciudad de Montería. Según las pruebas recaudadas, la logística de transporte y entrega del efectivo fue coordinada previamente para garantizar la reserva del encuentro entre los involucrados.
Finalmente, el expediente revela que la deuda adquirida con el prestamista privado fue cancelada en enero de 2024 utilizando fondos públicos. Dichos recursos provenían del anticipo de un contrato para la adquisición de carrotanques por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
La Sala concluyó que existe un vínculo funcional entre el dinero recibido y el patrimonio estatal, lo que sustenta el cargo de peculado por apropiación.
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