• José David Castilla

jueves, 27 de junio de 2019

Julio César Sánchez habría utilizado su cargo como fiscal para negociar con jueces y abogados

En Putumayo estaba trabajando un fiscal llamado Julio César Sánchez, quien, según investigaciones, habría creado una red de corrupción al interior de la rama judicial. Él, junto a jueces del circuito y abogados, se habrían articulado una red para beneficiar a personas investigadas por delitos en el sur del país.

Mediante un comunicado, la Fiscalía informó que "para alcanzar su cometido el fiscal Sánchez, al parecer, se confabulaba con abogados y jueces para que tramitaran preacuerdos con los implicados en delitos, y supuestamente, tras recibir distintas sumas de dinero, éstos últimos habrían obtenido beneficios judiciales".

Estos beneficios consistían en otorgar prisión domiciliaria, otorgar disminución de penas y, en ciertos casos, conferir la libertad a los investigados.

Pese a que existen elementos materiales probatorios que puedan demostrar que este funcionario puede obstruir con el debido funcionamiento de la administración de justicia (art 306 del Código de Procedimiento Penal), la Fiscalía pidió una medida privativa de la libertad, pero el juez del caso no encontró los fundamentos para otorgarla.

Sánchez Acuña, el fiscal que habría mercantilizado el ejercicio judicial en Putumayo, afrontará su proceso penal en libertad.

Los hechos que le endilgan las autoridades se generaron en cinco procesos judiciales.

El primero de ellos fue el otorgamiento de unos beneficios a un implicado en captación de dineros. Según la Fiscalía, el implicado "con la ayuda del abogado William Alexander Argoti Lagos, otorgó un preacuerdo que benefició con medida domiciliaria a un hombre encargado de conseguir clientes y recaudar dineros para una captadora ilegal de dinero en Mocoa".

El segundo evento fue un cambio de delito a una mujer que, presuntamente, habría envenenado a su hijo. La Fiscalía constató que "a pesar del hecho grave por el que la mujer fue procesada, se cambiaron los delitos y se obtuvo una pena mínima de 21 meses de prisión".

El tercer proceso fue una presunta rebaja en la tasación punitiva para los secuestradores de un menor de edad.

Los últimos dos casos fueron las estrategias que habría utilizado para conseguir la libertad de miembros en dos redes delincuenciales en Mocoa.

Junto a Sánchez también fueron imputados William Alexander Argoti Lagos, abogado; Leonel Díaz Mora, juez penal municipal de Mocoa; Edelberto Zapata Muñoz, fiscal delegado ante jueces del circuito en Mocoa.