Defensoría cuestionó que cuerpos fueran parte de alocución de De la Espriella en Guaviare

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La defensora del Pueblo, Iris Marín, se pronunció ante la escalada de violencia que se desató en varias regiones en las últimas horas, pero, además, cuestionó que varios cadáveres aparecieran en la escenografía de una alocución pública del presidente Abelardo de la Espriella.

Marín detalló que parte de los cuerpos en tulas blancas murieron durante la operación “Azarías”, en Guaviare, y señaló que, según el reporte oficial, en dicha operación habrían muerto 23 miembros de las estructuras de alias “Iván Mordisco”, entre ellos altos mandos de esa estructura. De acuerdo con el reporte de Medicina Legal, dos de las personas muertas eran menores de edad.

“Nuestro país lleva décadas enfrentando diferentes ciclos de conflictos armados y criminalidad organizada. Sin embargo, no recuerdo haber visto a un presidente caminando entre los muertos y sintiéndose orgulloso de esas muertes. La muerte no es nueva, es recurrente. La muerte de civiles y la muerte de combatientes, la muerte de inocentes y la muerte de culpables. Los numerosos grupos armados que participan en el conflicto y la criminalidad son crueles, no respetan las reglas más mínimas de humanidad, se ufanan de impiedad y de poder”, cuestionó la defensora en un video publicado en redes sociales.

Asimismo, aseguró que el Estado y el Gobierno no pueden dejarse llevar por una competencia para demostrar quién puede ser más cruel. “No pueden disputar con los grupos armados quién produce más miedo, quién humilla más al adversario o quién convierte la muerte en demostración de poder”, advirtió.

Además, aclaró que, aunque el Estado no desconoce el deber ni cuestiona por sí mismas las operaciones legítimas de la Fuerza Pública, sí aseguró que estas tienen el deber de proteger a la población y de enfrentar, dentro de los límites de la Constitución y del derecho internacional humanitario (DIH), a los grupos armados responsables de graves violaciones a los derechos humanos.

Marín recordó que la Constitución establece que el derecho a la vida es un derecho fundamental de aplicación inmediata que no puede ser suspendido ni siquiera en estados de excepción, es de carácter inviolable y nadie puede ser privado de su vida arbitrariamente.

Aunque destacó que el derecho a la vida no es absoluto, el ordenamiento jurídico admite ciertas interpretaciones y aplicaciones restrictivas de este derecho, como, por ejemplo, cuando se trata de la legítima defensa como causal de exclusión de la responsabilidad penal en un homicidio o la permisión de la baja de combatientes en situaciones de conflicto armado. Sin embargo, afirmó que la privación del derecho a la vida no puede ser arbitraria y supone el análisis de consideraciones relativas a la razonabilidad, la necesidad y la proporcionalidad.

“Aunque la baja de una persona responsable de los crímenes más aberrantes pueda ser legal, la protección del derecho a la vida sigue teniendo un lugar preferencial en nuestro ordenamiento jurídico”, aseveró la defensora.

En ese sentido, criticó que a estos operativos se les denomine “las bajas del Tigre” y, aunque aseguró que hasta el momento no se conoce si se trata de una página oficial, reveló que allí se cuentan los muertos y otros resultados operacionales desde la posesión del nuevo presidente de la República.

“En esto sí que hay que ser cautelosos porque en el pasado la política que evaluaba los resultados en bajas en combate conllevó a un crimen de sistema que hoy es juzgado por la JEP, los llamados ‘falsos positivos’”, dijo. Por eso, llamó a tener indicadores más comprensivos de lo que significa la seguridad, que se midan en derechos garantizados y en vidas salvadas, especialmente para la población civil sometida a la acción de grupos criminales.

Marín resaltó que la acción militar del Estado es un deber. Sin embargo, debería prevalecer siempre la acción de la justicia y no podemos resignarnos.

“Las imágenes y las palabras de quienes representan el poder público importan. Por eso no deberíamos normalizar que los cuerpos de las personas muertas hagan parte de la escenografía en una declaración pública, ni que la muerte se convierta en una forma de exhibir autoridad. El poder del Estado no se mide únicamente por su capacidad de imponerse por la fuerza, sino por los símbolos con los que se presenta ante la sociedad. Cada gesto y cada imagen difundida desde una institución pública comunican algo sobre lo que es el Estado y sobre los valores que defiende”, aseveró.