Defensoría de Pueblo pide al Gobierno planificar recuperación tras terremoto

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Un mes después del terremoto que afectó a varias regiones de Colombia, la emergencia todavía deja necesidades pendientes en comunidades que enfrentan daños en sus viviendas, infraestructura, servicios públicos y medios de vida.

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado a avanzar hacia una recuperación integral de los territorios afectados y destacó la solidaridad de los colombianos, así como el trabajo de los servidores públicos y de las personerías municipales que acompañaron a las comunidades durante la emergencia.

De acuerdo con las últimas cifras reportadas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd, el sismo afectó a 364.672 familias y 778.281 personas. Entre los afectados se contabilizan 331 personas fallecidas, 4.505 heridas y 111 desaparecidas.

El impacto también se refleja en la infraestructura. Según el reporte, 19.142 viviendas resultaron destruidas y otras 119.752 presentaron daños. Además, 3.282 animales fueron afectados.

A esto se suman afectaciones en 397 centros de salud, 4.316 centros educativos y 6.118 centros comunitarios, además de daños en puentes, vías, acueductos y otras obras de infraestructura. Las actividades económicas, educativas y culturales de los departamentos más afectados también registraron alteraciones.

Las regiones más afectadas

Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas concentraron las mayores pérdidas humanas y materiales ocasionadas por el terremoto.

La emergencia también tuvo un impacto significativo sobre pueblos étnicos, tanto indígenas como negros y afrocolombianos. Las afectaciones comprenden viviendas, infraestructura comunitaria, educativa y sanitaria, servicios públicos y medios de vida.

La Defensoría del Pueblo señaló que en estos territorios persisten dificultades para acceder a zonas rurales y dispersas, así como diferencias en los niveles de verificación, registro y respuesta institucional. A esto se suman necesidades humanitarias que continúan después de la emergencia y otras amenazas que pueden presentarse en los territorios afectados.

Entre las principales necesidades identificadas están la evaluación técnica de edificaciones y de la infraestructura educativa y hospitalaria, la atención en salud mental y psicosocial y la inclusión de población rural dispersa en los registros de damnificados.

También se requiere garantizar la continuidad del servicio educativo y de los Programas de Alimentación Escolar PAE, atención veterinaria para los animales afectados, reactivación económica y de los medios de vida, mejores condiciones en algunos albergues e intervención de cementerios que resultaron afectados.

El llamado a la recuperación

La Defensoría del Pueblo pidió al Gobierno Nacional iniciar un proceso de recuperación que sea planificado, integral y participativo, con la protección de los derechos humanos como uno de sus fundamentos.

La entidad sostuvo que la reconstrucción no debería limitarse a recuperar la infraestructura dañada, sino que también tendría que contemplar la restauración del tejido social, cultural y emocional de las comunidades.

El terremoto, según la Defensoría, golpeó con mayor intensidad a poblaciones que ya enfrentaban condiciones de vulnerabilidad. Por ello, planteó que la recuperación puede convertirse en una oportunidad para reducir situaciones históricas de marginalidad, desigualdad y exclusión social.

En ese sentido, el proceso también debería incorporar las distintas visiones territoriales y culturales y generar condiciones para un desarrollo sostenible, mayor seguridad y bienestar.

La entidad insistió en que la gestión del riesgo de desastres debe estar enfocada en la protección de la vida y en evitar que futuras emergencias vuelvan a estar acompañadas por las mismas omisiones y vulneraciones de derechos.