Defensoría insiste en emergencia social carcelaria

Ante el hacinamiento carcelario y de las URI, así como de las graves condiciones en que están los presos, y la radicalización del paro de funcionarios del Inpec, el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, insistió en que se debe declarar la emergencia social carcelaria.

Otálora indicó que esto permitiría que el presidente de la República, Juan Manuel Santos, tenga facultades extraordinarias “no solo para las reformas procesales que se consideren convenientes, sino para planes de choque en la contratación, en la ubicación de sitios y en la construcción de nuevos espacios de centros carcelarios”.

De acuerdo con el defensor, esta medida es necesaria ya que la problemática carcelaria “se está volviendo un megaproblema en el Estado y no está teniendo la respuesta que se requiere”.

Otálora dijo que es necesario que el Gobierno Nacional y el sindicato del Inpec reanuden el diálogo ya que el anuncio del Inpec, de cesar actividades en Bogotá va a empeorar la crisis del sector.

“Lamentablemente la información que tenemos es que esas negociaciones están en hora cero. No ha pasado absolutamente nada, no hay una conversación fluida. El Gobierno no se ha sentado hablar con los sindicatos y eso hace más gravosa la situación”, señaló el funcionario.

Grave situación
Dada esta coyuntura la Defensoría realizó una nueva visita de inspección humanitaria a los centros de detención transitoria, evidenciando la presencia de 1.333 personas, 667 de ellas en las Unidades de Reacción Inmediata y 666 más en las estaciones de policía, los calabozos de la Sijin y las celdas del CTI de la Fiscalía en el complejo de Paloquemao.

Durante el recorrido, los funcionarios de la institución constataron también la convivencia de, al menos, 80 mujeres que en celdas, pasillos y exteriores, comparten espacio con hombres sindicados y condenados por diferentes delitos.

Así mismo, se encontraron 20 personas enfermas con patologías que van desde la tuberculosis y la epilepsia, pasando por la diabetes y la deficiencia renal, hasta internos con cáncer de garganta y VIH, la mayoría de los cuales denuncia inasistencia médica y maltrato por cuenta del hacinamiento que ya supera el 200%.

Uno de los casos que presentó la Defensoría tiene que ver con el de una joven de 18 años que tiene tres meses de embarazo y que fue golpeada dentro de la URI de Kennedy. Además, se indicó que la joven quedó en embarazo estando ya detenida.