Defensoría pide anular nombramiento de Eduardo Montealegre como ministro de Justicia
El pronunciamiento de la entidad se presentó dentro del proceso de nulidad electoral contra el Decreto 647 del 13 de junio de 2025
26 de septiembre de 2025
La Defensoría del Pueblo solicitó formalmente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca anular el nombramiento de Eduardo Montealegre como ministro de Justicia y del Derecho, al considerar que su designación desconoce la Ley de Cuotas, que exige paridad de género en los cargos de máximo nivel decisorio en el Gobierno.
El pronunciamiento de la entidad se presentó dentro del proceso de nulidad electoral contra el Decreto 647 del 13 de junio de 2025, mediante el cual el presidente Gustavo Petro nombró a Montealegre en el cargo. La intervención fue radicada por el abogado Álvaro Díazgranados, apoderado de la Defensoría, en coadyuvancia con la demanda interpuesta por Marco Adrián Artunduaga Gómez.
Según el concepto de la Defensoría, la designación rompe el equilibrio exigido por la Ley 581 de 2000, modificada por la Ley 2424 de 2024, que establece que al menos 50% de los ministros deben ser mujeres. “En la actualidad no se cumple en debida forma la Ley de Cuotas, al incumplir el porcentaje mínimo de 50% requerido de nombramientos femeninos en los cargos de ministros, rompiendo el equilibrio de género en los cargos del alto nivel decisivo”, señaló el documento.
Consejo de Estado recibió solicitud para anular nombramiento de Eduardo Montealegre
La entidad solicitó al Tribunal que se declare la nulidad del Decreto y que, en consecuencia, se ordene al presidente Petro realizar un nuevo nombramiento que garantice el cumplimiento de la norma. “Resulta procedente la nulidad del último nombramiento que incumplió la referida Ley”, agregó la Defensoría.
El trámite judicial se encuentra dentro de los plazos establecidos por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que fija 30 días para demandar los actos administrativos de nombramiento. La demanda fue presentada antes del 28 de julio, fecha de vencimiento del término de caducidad.
La decisión final quedará en manos del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que deberá determinar si efectivamente el nombramiento de Montealegre vulneró la normativa de paridad y si corresponde ordenar al presidente de la República una corrección en la integración de su gabinete ministerial.
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