Demandas al Estado por atentado en El Nogal suman $55.564 millones

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En un proceso judicial, el Consejo de Estado declaró administrativamente responsable al Estado, a través de varias entidades del sector defensa, porque no desempeñaron las funciones necesarias para garantizar la vida de las personas que concurrieron al Club El Nogal, el 7 de febrero de 2003, cuando la guerrilla de las Farc perpetuó uno se sus más conocidos atentados terroristas.

Por estos eventos se instauraron 22 demandas de reparación directa que equivalían a $70.157 millones, de los cuales solo quedan vigentes 11, cuya cuantía es estimada en $52.994 millones, restando los $2.570 millones por los que el Estado salió condenado, es decir en total se busca reparación por $55.564 millones.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) informó que, de los 11 procesos contenciosos que concluyeron, únicamente en uno de ellos se determinó que el Estado actuó de forma negligente frente a su deber constitucional de garantizar la seguridad de las personas que sufrieron el acto terrorista. Por esta decisión, deberán pagarse $2.570 millones.

La pregunta que los analistas se hacen sobre el más reciente fallo del Consejo de Estado tiene que ver con las decisiones que tome esta corporación para solucionar los pleitos legales que aún esperan sentencia.

Para Luis Guillermo Vélez, director de la Andje, esta decisión del Consejo de Estado “es una anomalía dentro de su línea jurisprudencial, porque acoge una tesis muy controversial que busca convertir al Estado colombiano en un garante general que debe responder por cualquier caso en el que se vea afectada una persona. Crea una especie de responsabilidad objetiva que vuelve inviable al Estado por costos en el patrimonio público”.

El abogado constitucionalista e investigador de la Universidad Libre, David Murillo considera que “el precedente del Consejo de Estado está consolidado.
Las autoridades responden por sus omisiones frente a la protección de la población civil en el marco del conflicto armado”. El principal argumento de la sentencia del 22 de agosto de 2018, es que los organismos de inteligencia tenían conocimiento que un atentado se perpetraría en un reconocido club.

El Consejo de Estado argumentó que en ese momento había sido declarado el estado de conmoción interior y que por esa razón recaía sobre las autoridades públicas un deber de cuidado mucho más estricto para garantizar la seguridad de los ciudadanos. La unión de estos dos argumentos, le permitió a la magistrada ponente Stella Conto reconocer la responsabilidad de entidades como la Fiscalía, el DAS, el Ministerio de Defensa, entre otros.

En días anteriores, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez solicitó al Gobierno que interponga el recurso extraordinario de revisión contra esta sentencia. A propósito, Vélez comentó que “estamos estudiando todos los recursos que vamos a instaurar, para remediar esta decisión”.