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Mateo Jaramillo - mjaramillo@larepublica.com.co martes, 26 de noviembre de 2013

En un documento de 25 páginas, la federación sindical internacional, UNI Global Union, expresó las quejas laborales contra la empresa multinacional de vigilancia Prosegur por parte de organizaciones sindicales de Colombia, Perú, Brasil y Paraguay. El caso local es uno de los más dramáticos.

Prosegur es una compañía con sede en España dedicada a la prestación de servicios de seguridad privada, actualmente tiene presencia en 15 países a nivel mundial. A Colombia llegó 2007 luego de haber comprado 60% de la empresa de seguridad Thomas Greg and Sons Transportadora de Valores por un valor de US$27,7 millones.

Al llegar al mercado local, la empresa ya contaba con una organización sindical llamada Sintravalores; sin embargo, las relaciones nunca fueron las mejores.

Según el documento de la UNI, al llegar al país, la multinacional “acosó y tomó represalias contra dirigentes sindicales que luchaban por mantener las disposiciones relativas a la protección del trabajo en un convenio colectivo anterior a la entrada de Prosegur en el mercado”.

El artículo 5 de la convención colectiva garantizaba a los trabajadores el derecho a pasar a contratos permanentes tras un periodo de prueba de cuatro meses, pero no hubo acuerdo entre la multinacional y Sintravalores para firmar el pacto.

Fidel Hugo Alfonso, presidente de Sintravalores, asegura que le llegó una “propuesta indecente en la cual nos entregaban a los trabajadores US$2 millones distribuidos entre los 450 trabajadores, es decir como $9 millones para cada uno, por circunscribir el artículo 5 de la contratación. Rechazamos el acuerdo”.

La empresa española, continúa el documento, contrató a guardias de seguridad durante periodos inferiores a cuatro meses y se impusieron denuncias que llegaron al Ministerio de Protección Social, órgano que sentó a las dos partes para discutir los asuntos en los cuales discrepaban. No pudieron, siquiera, acordar la firma de desacuerdo.

En marzo de 2008, el fallo 31 municipal de Bogotá, que aprueba el fallo 30 del Juzgado Penal del Circuito de Bogotá, multó a Prosegur por no cumplir las resoluciones judiciales anteriores.

Luego de este fallo, los dirigentes sindicales presentaron denuncias y quejas de acoso y hostilidad por parte de la empresa. El anterior presidente del sindicato, Teófilo Gómez Duarte, fue demandado penalmente, al igual que lo fueron posteriormente Alfonso y otros ocho líderes gremiales por delitos como injuria y calumnia. Sin embargo, el Tribunal Superior del Distrito de Bogotá, el 25 de mayo de 2010, falló a favor de Gómez Duarte.

Al siguiente año, llegaron panfletos titulados ‘El Zorro’ en los que había mensajes antisindicales y amenazas a los líderes gremiales. Razón por la cual, Alfonso denunció la situación ante el Ministerio del Interior y de Justicia en el cual le presentaron una lista de medidas de protección y precaución de la Policía. La circulación de los boletines no se detuvo ni con la manifestación de preocupación por parte de Prosegur en una carta que enviaron a Sintravalores.

El pacto colectivo
En diciembre de 2010, Prosegur ofreció un acuerdo llamado Pacto Colectivo en el cual le daba, solamente a quienes firmaran el documento, $4 millones, subsidios escolares más elevados, bonificaciones de vacaciones y sumas elevadas para la ayuda por maternidad.

Un poco más de 400 personas se acogieron al convenio que les impedía pertenecer al sindicato en un plazo no menor a tres años, pues de retornar a Sintravalores deberían devolver las remuneraciones económicas otorgadas por la multinacional.

Un fallo de la Corte Suprema de Justicia del 7 de diciembre de 2012 y otra decisión judicial por parte de la Corte Constitucional del 16 de febrero de 2012 confirmaron que el pacto suscrito entre los trabajadores y Prosegur era discriminatorio con los sindicalistas y ordenan que se les compense a los miembros de organizaciones sindicales.

A pesar de las quejas por parte de las organizaciones sindicales en Latinoamérica; en España, Prosegur tiene la reputación de ser un buen ciudadano empresarial, que interacciona con los sindicatos y promueve iniciativas de Responsabilidad Social.

Antecedentes
Otro de los argumentos que sostiene la UNI Global Union es que según el informe anual de Prosegur de 2011, solo 557 trabajadores hombres tenían un contrato indefinido de los 1.213 empleados varones vinculados a la multinacional. Lo que implica menores costos laborales para la empresa, debido a que no deben pagar todas las prestaciones que se le deben otorgar a un trabajador fijo, más la imposibilidad de estas personas para pertenecer a una organización sindical. Con este documento, la UNI pretende entablar un diálogo constructivo con la mediación del Pacto Nacional de Contacto en la Ocde.

Las opiniones

Iván Daniel Jaramillo
Profesor de Derecho del trabajo de la Universidad del Rosario

“La deslocalización productiva consiste en que una empresa se traslada a sitios donde las leyes laborales son de menor peso que en sus lugares de origen. Entonces, son sometidas a los parámetros locales”.

Fidel Hugo Alfonso
Presidente Sintravalores, organización sindical de Prosegur

“En los demás países de Latinoamérica usan el mismo modus operandi que en Colombia para sacar del camino a las organizaciones sindicales: crean pactos con trabajadores para que no negocien con los sindicatos”.

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