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Joaquín M. López B. martes, 17 de septiembre de 2019

El aparente acto de corrupción tiene que ver con que la empresa Viajeros S.A., ubicada en Santa Marta

Ante la Fiscalía General de la Nación llegó una denuncia que estaría demostrando un posible caso de corrupción dentro del Programas de Alimentación Escolar (PAE), uno de los proyectos que más se ha visto implicado en casos de peculado sobre los recursos destinados para los niños.
Según expuso La F.M, la Fundación para el Desarrollo y la Solidaridad (Fundesol), integrante de una unión temporal que operó en 2018 el PAE en Putumayo y Nariño, a ese programa se le embargaron $4.000 millones de las cuentas aprobadas por $14.250 millones y $21.308 millones, respectivamente para esos dos departamentos.

El aparente acto de corrupción tiene que ver con que la empresa Viajeros S.A., ubicada en Santa Marta, que entre otras cosas nunca ha tenido relaciones comerciales con el PAE, apareció con un pagaré apócrifo, fraudulento, exigiendo ante jueces $4.000 millones que supuestamente le habían prestado en 2016 al exrepresentante legal de la ONG (Fundesol), Jhon Arvilla.

“No tiene dicha empresa la capacidad de demostrar la existencia y entrega de la suma de $4.000 millones. Deberá entonces verificarse si las actividades de dicha empresa son lícitas o no, o presuntamente han incurrido en la conducta punible de lavado de activos”, dijo una denuncia radicada por los miembros de Fundesol.

La emisora también explicó que según la fundación, Viajeros S.A tiene el modus operandi de presentar pagarés fraudulentos. “Ya son tres denuncias penales que demuestran el ardid criminal, el modus operandi, la sistematicidad de la conducta y el concierto para delinquir. A la fecha las autoridades no se han pronunciado”, advierten en en la denuncia.

Según la ONG, en el proceso, el contador Julio Terán fue amenzado, y con Luis Olivio, represnetante legal, pasó lo mismo.

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