Denunciante de Gustavo Petro por favores sexuales, habría tenido contrato en el Dapre

La polémica por las denuncias de presuntos favores sexuales a cambio de contratos estatales durante el gobierno de Gustavo Petro sumó un nuevo capítulo. Deyci Jiménez, la mujer que señaló al expresidente de facilitarle vinculaciones con entidades públicas a cambio de encuentros sexuales, también habría tenido un contrato con el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre.

El hallazgo fue revelado por Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción, quien aseguró que encontró un registro de contratación de Jiménez con esa entidad al revisar su trayectoria laboral en el sector público.

El registro fue publicado el 25 de julio de 2026 y corresponde a una vinculación como auxiliar administrativa que ya habría finalizado. Sin embargo, hasta el momento no se conocen detalles sobre el valor del contrato, las fechas exactas de ejecución ni las funciones específicas que habría desempeñado la mujer.

La nueva información amplía el panorama de las vinculaciones estatales de Jiménez, cuyos contratos con el Senado, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Ministerio del Interior ya habían sido objeto de atención tras sus declaraciones públicas.

El registro del Dapre también plantea interrogantes sobre las condiciones en las que se habría producido esa contratación, las necesidades que buscaba atender y quién habría solicitado su vinculación.

Los contratos de Deyci Jiménez con el Estado

Las primeras vinculaciones de Jiménez con entidades públicas se remontan a 2021, cuando prestó servicios de apoyo en el área de Recursos Humanos del Senado de la República. En 2022 volvió a ser contratada por esa corporación y, durante 2023, suscribió nuevas vinculaciones relacionadas con labores administrativas y de gestión documental.

Uno de los contratos mencionados corresponde a septiembre de 2023, por más de $34 millones, para apoyar la gestión de la Primera Vicepresidencia del Senado, que en ese momento estaba encabezada por María José Pizarro.

En 2025, Jiménez pasó a otras entidades del Gobierno. El 11 de junio inició un contrato con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada por $18 millones, destinado al apoyo de procesos de archivo y organización documental. Ese mismo año, mientras dicha vinculación seguía vigente, comenzó otro contrato con el Ministerio del Interior por $11,1 millones, para apoyar labores relacionadas con la consolidación de informes sobre proyectos y contratos financiados o cofinanciados con recursos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Fonsecon.

En enero de 2026, la mujer suscribió una nueva vinculación con esa cartera por $30,4 millones, con funciones similares y un plazo previsto hasta el 31 de diciembre de ese año. De acuerdo con los registros del Portal Anticorrupción de Colombia, Paco, los contratos identificados sumarían cerca de $133,1 millones. No obstante, el alcance de ese consolidado frente al registro adicional del Dapre deberá precisarse.

Ante las acusaciones, el expresidente negó haber entregado contratos a cambio de relaciones sexuales. En un pronunciamiento público rechazó los señalamientos y sostuvo que nunca ha utilizado su cargo para obtener ese tipo de beneficios.

Por su parte, el Instituto Anticorrupción presentó una denuncia ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, con copia a la Corte Suprema de Justicia, para que se esclarezca si las vinculaciones mencionadas respondieron a necesidades reales de las entidades.

El caso también se suma a las denuncias públicas sobre posibles irregularidades en la contratación de mujeres durante la administración anterior, que han cuestionado las actuaciones de distintas entidades del Gobierno nacional. Por ello, el hallazgo del contrato con el Dapre agrega una nueva pieza a la investigación, mientras las autoridades deberán determinar si existieron irregularidades en los procesos de contratación.