Diálogos entre Gobierno y Farc vuelven a La Habana entre dudas e ilusiones

El ciclo de diálogo entre el gobierno y la guerrilla de las Farc que empezará en los próximos días en Cuba no será como los anteriores; por distintos motivos puede ser un punto de quiebre en el proceso en el que se busca un acuerdo que le ponga fin al conflicto armado colombiano.

Los delegados del Estado y los representantes de las Farc no se han sentado a la mesa después de las elecciones presidenciales. El resultado de estas, la certeza de que Juan Manuel Santos estará cuatro años más en el poder y la alta votación alcanzada por la campaña que más criticó el proceso, han creado una nueva realidad política que ninguna de las partes puede desconocer.

Esta segunda fase en La Habana, durante la cual deberán resolver los últimos dos de los cinco puntos de la agenda pactada, tiene tres novedades de importancia: la no existencia de una ‘fecha fatal’ electoral, el anuncio de que las víctimas irán a presentar sus propuestas e inquietudes y el trabajo paralelo entre la mesa tradicional y la comisión que investigará orígenes, causas, desarrollo y expresiones violentas del conflicto.

Pero lo más importante es que las partes se volverán a sentar habiendo recibido una especie de plebiscito nacional, dado que la reelección de Santos fue concretada por la unión de fuerzas y corrientes políticas en torno a una sola palabra: paz. Por eso, ahora saben con mayor certeza que ninguno de ellos puede ser inferior al momento histórico que les han asegurado los colombianos en las urnas.

Ese marco ha renovado las expectativas entre los negociadores del Gobierno. Fuentes cercanas al equipo de plenipotenciarios, con las que Colprensa habló sobre el futuro del proceso, aseguran que hay una inquietud mucho mayor de la acostumbrada sobre qué actitud encontrarán de parte de su contraparte guerrillera, cuando regresen en los próximos días a La Habana.

Participación política
La Constitución Política no puede imponer límites para la participación en política de los excombatientes. Ese es el argumento principal de la ponencia que estudiará la Corte Constitucional sobre la segunda demanda presentada en contra del Marco Jurídico para La Paz.

La ponencia del magistrado Alberto Rojas Ríos, revelada por Semana.com, pide que se declare inexequible el artículo 3 del Marco Jurídico que plantea que los responsables de delitos de lesa humanidad y de genocidio cometidos de manera sistemática no pueden participar en política.

Esta tesis que fue polémica cuando el fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, la expuso ante la propia Corte, asegura que la Constitución no puede excluir de plano y de manera definitiva la participación en política de excombatientes y, también, de agentes del Estado. Este es el argumento principal del documento que los magistrados del alto tribunal empezarán a debatir esta semana en su Sala Plena. No obstante, según se conoció, el texto que será llevado a sala también fija una serie de límites para la participación en política los cuales deberán ser tenidos en cuenta por el Congreso a la hora de regular este tema mediante una ley estatutaria.

Principalmente, se dice en la ponencia que la participación en política está sujeta a que la persona que ha sido condenada haya cumplido la pena o que sobre él se haya extinguido la acción penal, que haya iniciado con la contribución a la verdad y en la reparación a las víctimas.

Entre esos límites también está el cumplimiento de los otros requisitos que impone el Marco como la dejación de las armas, el reconocimiento de responsabilidad, la contribución al esclarecimiento de la verdad y la reparación integral de las víctimas, la liberación de secuestrados, así como la desvinculación de menores de edad.