La Cámara aprueba reforma a la Ley 30 para atender déficit de universidades públicas

La Cámara de Representantes aprobó de manera unánime, con 107 votos a favor y ninguno en contra, la reforma a la Ley 30 de 1992 que cambia el mecanismo de incremento anual del presupuesto de las universidades públicas del país. Este proyecto superó su último debate y ahora deberá pasar por el proceso de conciliación con el texto aprobado en el Senado.

Esta iniciativa modifica los artículos 86 y 87 de la ley y establece que los recursos asignados a estas instituciones ya no se ajustarán con base en el Índice de Precios al Consumidor, IPC, sino con el Índice de Costos de la Educación Superior, Ices, calculado por el Dane.

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El objetivo de esta es que el crecimiento del presupuesto refleje de manera más precisa los costos reales de operación del sistema universitario público.

De acuerdo con el trámite legislativo, la nueva fórmula comenzaría a aplicarse a partir del Presupuesto General de la Nación de 2027, una vez la ley sea sancionada por el presidente Gustavo Petro. El cambio ha sido una demanda histórica de rectores, profesores y estudiantes, y estuvo en el centro de las movilizaciones universitarias de 2018 y 2019.

Según cifras del Sistema Universitario Estatal, SUE, los costos de las universidades públicas han crecido en promedio más de cinco puntos porcentuales por encima del IPC cada año, lo que ha generado un déficit acumulado cercano a $17 billones.

Solo en gastos de funcionamiento, como contratación de docentes y personal administrativo, el faltante se estima en $3,5 billones, situación que la reforma busca empezar a corregir.