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José David Castilla miércoles, 9 de enero de 2019

El jefe del Ministerio Público aseguró que la entidad creará un grupo especial para estudiar los casos de macro corrupción.

El procurador General de la Nación anunció que la determinación judicial que tomó un juez de ejecución de penas para la libertad de Guido Nule careció de sustento jurídico.  “El recurso, lo primero que debo decir es que lamentablemente, a finales del año ocurren goles en materia judicial y este fue para nosotros un gol olímpico, no solo es un caso aislado”.

Frente a las afectaciones al patrimonio público, Carrillo aseguró que Los Nule le deben a Colombia “$166.000 millones, por concepto del daño que se hizo”. Por esta razón, resaltó que el beneficio no se debió haber concedido hasta que “los criminales reparen a las víctimas”.

Carrillo también anunció que los últimos días de diciembre se convirtieron en “la Navidad para los corruptos, llena de obsequios en materia de excarcelaciones para los autores de la corrupción en Colombia”.

Por esta razón, el jefe del Ministerio Público anunció que creará un Cuerpo Élite de Investigación enfocado en macro casos de corrupción. También solicitó que los jueces de la república retomen la tesis de la Procuraduría y derriben la concesión de libertad condicional que recayó sobre Guido Nule.

Frente a las determinaciones que se tomaron contra Emilio Tapia y Jorge Galofre, partícipes del llamado carrusel de la contratación en Bogotá, Carrillo aseguró que la entidad está realizando un trabajo investigativo para recurrir estas polémicas decisiones judiciales.

Otro punto que criticó el Procurador fue que “los jueces no pueden valorar estos casos como si fueran una mera cuestión civil. Esto trasciende más allá de esto porque reparar el daño a las víctimas es fundamental para conceder este tipo de beneficios”.

Carrillo también criticó los procesos de extinción de dominio y aseguró que “el país se ha quedado atrás en este tipo de procesos, es por eso que la extinción de dominio tiene que ser un mecanismo mucho más efectivo”, porque para el Procurador, esta clase de beneficios “atentan completamente contra la moralidad administrativa”.

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