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José David Castilla martes, 29 de enero de 2019

Preacuerdo con la Fiscalía disminuyó pena por interbolsa

Gracias a un acuerdo firmado entre la Fiscalía y dos directivos del Fondo Premium, se comienzan a abrir los caminos para destrabar el escándalo de corrupción en Interbolsa. Con esta medida, las penas privativas de la libertad de Rachid Maluf y Juan Andrés Tirado serían de siete años.

Según reseñaron varios medios de comunicación, el acuerdo entre las partes ya fue firmado y está a la espera de que sea avalado por un juez de la República. La audiencia para legalizar el preacuerdo quedó programada para el próximo 1 de febrero.

Otra medida que contempla este pacto es que los condenados obtendrán el beneficio de casa por cárcel. Las condiciones establecidas por el ente acusador es que Maluf y Tirado acepten cargos por los delitos de captación masiva de dinero, manipulación de especies, no reintegro de dinero, y estafa.

Por este caso también son investigados Víctor Maldonado, Natalia Zúñiga y Claudia Aristizábal, quienes están a la espera que se cumpla con la etapa de juicio. Por otra parte, los directivos Tomás Jaramillo, Juan Carlos Ortiz y Ricardo Martínez se allanaron a los cargos presentados por la Fiscalía, y ofrecieron testimonios importantes para avanzar con la investigación.

La modalidad de desfalco y captación ilegal promovida por esta empresa se centraba en redireccionar los dividendos generados en la actividad bursátil para alimentar una cuenta en las Isla de Curazao, la cual estaba constituida como un paraíso fiscal.

La firma llegó a registrar US$238,2 millones en 2012. Gracias a los movimientos financieros, se generaron una serie de irregularidades con el dinero de las personas que aportaron su plata al fondo. En investigaciones preliminares presentadas por el ente de control fiscal, el monto aportado por los inversionistas llegó a consolidar un total cercano a $330.000 millones.

Sin embargo, el representante legal de Interbolsa anunció que radicará los recursos legales para oponerse al preacuerdo que suscribió la Fiscalía con los implicados, debido a que no se han entregado los dineros necesarios para reparar a los inversionistas del fondo. Por ahora, será potestativo del juez designado definir la legalidad del preacuerdo suscrito por los dirigentes del Fondo Premium, junto a su proporcionalidad.

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