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Germán Corcho Tróchez - gcorcho@larepublica.com.co martes, 7 de enero de 2014

Las autoridades dieron a conocer ayer que en el puerto de Barranquilla se suspendió el cargue y descargue de carbón a través de barcazas. En Ciénaga, por el contrario, la multinacional Drummond está incumpliendo la Ley 1450 de 2011 y por eso la multinacional fue advertida de una nueva investigación.

La Superintendencia de Puertos y Transporte informó que sus funcionarios verificaron el cumplimiento de la norma, en la capital del Atlántico. El fin de semana último visitaron las instalaciones del terminal, junto con miembros de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y del Ministerio de Ambiente.

La Sociedad Portuaria de Barranquilla queda así excluida de las investigaciones anunciadas la semana pasada por la Anla, por posibles incumplimientos a la suspensión de cargue y descargue indirecto. American Port Company (del grupo Drummond), la Sociedad Portuaria Río Córdoba y la Sociedad Puerto de Mamonal son las otras tres sospechosas.

Antes de conocerse el resultado de la inspección, el supertransporte Juan Miguel Durán había confirmado a medios radiales que ya hay una investigación preliminar contra la Drummond, por las presuntas irregularidades en el cargue de carbón en el puerto de Ciénaga, municipio de Magdalena.

El titular del organismo afirmó además que tiene competencia para imponer multas económicas o sanciones administrativas, en caso de que haya motivos. “Desde la semana pasada evaluamos los informes para determinar si tomamos acciones administrativas y esta semana estaremos anunciando alguna actuación, si es el caso”.

LR conoció que ayer en la tarde se realizó una reunión en la Casa de Nariño, a la que asistieron el superintendente de Transporte, Juan Miguel Durán, miembros de la Anla y el Ministerio de Ambiente.

Presentan denuncia
El representante a la Cámara, Eduardo Diazgranados Abadía, y el abogado y periodista Alejandro Arias interponen en la tarde de hoy una denuncia penal ante la Fiscalía y disciplinaria ante la Procuraduría, contra el ministro de Ambiente (e), Pablo Vieira.

Arias explicó a este medio que la queja contra el encargado de la cartera surge de que haya dicho que la Drummond puede seguir cargando, con el riesgo de ser sancionada. “Está prevaricando por omisión, e incurriendo en una falta gravísima”, aseguró el jurista, cuyas denuncias el año pasado sobre la contaminación de Drummond motivó la multa por $6.965 millones que la Anla impuso en diciembre último a la estadounidense.

De confirmarse, este sería el segundo escándalo de la multinancional por contaminación ambiental, desde que fue sancionada en 2007 dos veces.

Ya el año pasado había protagonizado un derrame del mineral, por lo que la Anla suspendió entre el 7 de febrero y 1 de marzo sus operaciones en el puerto de Santa Marta. Desde el momento en que fue impuesta la multa e incluso antes, las autoridades habían indicado que todas las carboneras que operan en el país deben implementar el nuevo sistema directo de cargue y descargue, a partir de la anualidad que comienza. Ello, debido a que el Minambiente y la norma consideran que de otra forma es riesgoso y e produce contaminación.

Conocida la sanción, Drummond comunicó que aún no tenía el sistema listo, por lo que requería de un periodo de seis meses para operarlo. Es decir, hasta junio próximo.

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